miércoles, 30 de septiembre de 2026
LA CANDIDATURA DE UXUE BARKOS ES EL REFLEJO DE LA DEBILIDAD DE GEROA BAI Y DEL PNV (Remitido)
martes, 29 de septiembre de 2026
LO LEGAL, LO ÉTICO Y LO ESTÉTICO
A continuación, vamos a ponerles unos supuestos para ver qué les parecen:
PRIMERA CUESTIÓN. Según la Jurisdicción española, el Tribunal Constitucional es el máximo garante en España de los Derechos Fundamentales. Está regulado en el Título IX de la Constitución -artículos del 159 al 165-, así como en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC). A pesar de que se denomina "tribunal", no forma parte del Poder Judicial. ¿Les parecería "normal" que la cuñada del Pedro Sánchez presidiese el Tribunal Constitucional?
SEGUNDA CUESTIÓN. Imaginen que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez se dedicase al mundo de la producción audiovisual. ¿Les parecería "normal" que produjese y vendiese sus producciones a la Corporación pública Radiotelevisión española-RTVE?
Todo el Mundo conoce a Aitor Esteban. Es el presidente del Euzkadi Buru Batzar del Parido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV). También conocemos a su mujer, Itxaso Atutxa, y a su cuñada (hermana de la anterior), Amaia Atutxa.
TERCERA CUESTIÓN. Todos sabemos que el PNV es un partido bicéfalo. Al contrario que en el 99% de los partidos políticos conocidos, donde, llegado el caso, la jefatura del partido coincide con la jefatura del Gobierno de turno. Con todo, el Lehendakari es nombrado por el EBB, de lo que colegimos que se supedita al Partido.
De acuerdo con la normativa vigente, EAJ-PNV prevé un sistema de control interno para garantizar la intervención y contabilización de los actos y documentos de los que se derivan derechos y obligaciones de contenido económico. Concretamente, los Estatutos Nacionales vigentes establecen una serie de controles internos en los artículos 68 a 81, que contemplan la creación de jueces y juezas y tribunales independientes elegidos por las Asambleas, así como la creación de la Comisión Nacional de Garantías y Control. ¿Les parecería "normal" que la cuñada de Aitor Esteban presidiese la comisión de Garantías y Control de EAJ-PNV? Pues que no se lo parezca porque en el PNV se da esta anómala circunstancia.
Dicho de otra forma, la persona que debería velar por la limpieza, neutralidad y transparencia de un proceso electoral interno es cuñada de uno de los candidatos concurrentes. Ya ven... Todo muy neutral. Y todavía hay ingenuos que preguntan dónde estas las actas del último proceso electoral interno en el Partido.
CUARTA CUESTIÓN. Imaginen que la mujer del presidente del EBB (que anteriormente fue presidenta del Bizkai Buru Batzar), Itxaso Atutxa se dedicase al mundo de la producción audiovisual. ¿Les parecería "normal" que produjese y vendiese sus producciones a la radiotelevisión pública vasca-EiTB? Pues que no se lo parezca porque en el PNV se da esta anómala circunstancia.
Tan solo tienen que ojear el perfil de esta ¿Productora? o mercantil que lidera Itxaso Atutxa en su pestaña "servicios" 👉🏻👉🏻👉🏻 https://www.kalandra.eus/work y fijarse en sus clientes finales. y, ojo que todo el mundo tiene derecho a trabajar y a vender su producto a quién lo pida y lo pague pero, cuando ya entra por medio como cliente la cosa pública se enciende la lucecita. Como decimos en el título, no hablamos de ninguna ilegalidad. Hablamos de ética y de estética pero, en realidad, ¿Alguien sabe el daño que hacen estas cosas al Partido? No quién lo publica, sino quién se beneficia.
¿Qué bonito eh? Todo queda en casa y encima ni lo esconden por aquello de "porque yo lo valgo". Serán cosas de la soberbia o vayan ustedes a saber qué.
lunes, 28 de septiembre de 2026
UNA DE RABAS A 40 KILÓMETROS DE LAS TXOSNAS DE FORONDA
Pues ni con esas... Estuvimos viendo por streaming desde La Plaza Nueva de Bilbao las intervenciones desde "La Campa" y recibíamos noticias de uno de nuestro habituales contertulios que ya nos anunció que estaría en Foronda porque tenía que llevar a sus Aitas al cónclave.
Estuvimos Joseba, Marisa, Mikel, Juncal y el menda lerenda, lerele o lirili, o como se diga cualquier insustancialidad de las que suelta una persona con tan poca gracia y empatía como lo es Esteban "Sieteporciento".
Joseba llevó un ordenador portátil y unos pinganillos para seguir el acto de "La Campa". Quedamos en que el formato de hoy es que íbamos a comentar sobre la marcha, que yo tomaría nota de todo para poder hacer este artículo a forma de compendio.
La primera conclusión es que nos encontramos ante un nuevo pinchazo. Ya va quedando cada vez más asentado que el poder de convocatoria del Partido no es -ni de lejos- la que era y que, año tras año, se demuestra, cosa de la que no nos alegramos ya que todas y todos hemos ido desde pequeños al Alderdi Eguna. Pero nos estamos dando cuenta que estas gentes del "PNV berria" se están cargando un sigla histórica. O ya se la han cargado y hoy la han enterrado.
Porque, si no ¿Qué estaban enterrando? Hay opiniones para todos los gustos: Hay quién dice que estaban enterrando al viejo Partido...¡Viva el nuevo! ¿Entierran la historia de EAJ-PNV? ¿Estaban enterrando al PNV de José Antonio Aguirre, Ajuriaguerra, Arzallus, Ibarretxe, etc.? ¿A nuestro PNV? ¿Entierran a Sabino Arana?
Como ven, tenemos comentarios en nuestros grupos de mensajería instantánea como para dar y tomar. También hay quién dijo que deberían haber enterrado un cerdo con la cabeza fuera. Así jamás en tierra "contaminada" podríamos ver en esa Tribuna a el tal Hassan... el mismo que (según Esteban "Sieteporciento") algún día podría ser presidente del EBB, o Lehendakari, o no sabemos qué chorrada soltó hace un año.
No se sabe qué habrán enterrado pero para el año que viene seguro que ya no está. Uno de los presentes dijo: "¿Qué os jugáis a que antes de 5 días, alguien va con pico y pala, desentierra la caja y lo leemos en El Correo Español?"
Esperábamos un discurso de Esteban acorde a lo que ha sido: Nada. Mensajes sin alma, institucionalizados, de puros burócratas. Prometían un discurso y evento '"potente" centrado en la juventud y terminado haciendo el paripé de la "caja del tiempo" y dos discursos, Pradales y Esteban, de pura institución y gestión, limitando a las bases a ser bots y NPC's que preparan elecciones. Han enterrado la vida del Partido en los barrios, el Auzolana, la fuerza de atracción de los Batzokis, y solo queda seguir repartiendo puestos de consultor, asesor, director y prebendas a una Euzko Gaztedi amedrentada por su futuro laboral, convertida en una agencia de contratación a cambio de sumisión total y sin fuego en el corazón ni en el alma. Decadencia, esclerosis y falta de ideas e ilusión.
Con todo, el discurso de Pradrales ha tenido medio pase por las referencias a Ibarretxe y resto de Lehendakaris. Ahora toca esperar a que el enano mafioso y fascista de Aznar le replique. En algo han debido tomar nota: Urkullu los hacía peores.
Pero volvamos con la afluencia (insistimos porque es del todo preocupante): Que el nada sospechoso Deia diga que "Foronda reúne a CIENTOS de jeltzales para celebrar la 50ª ediciób del Alderdi Eguna" es más que sintomático. No habla de "miles" (como lo hace el actual Medio de cabecera del Partido, El Correo Español). No. Habla de cientos. Y tan solo hace ver la galería fotográfica en Deia para darnos cuenta de que también habla por sí misma:
https://www.deia.eus/fotos/2026/09/27/imagenes-cientos-jeltzales-celebran-alderdi-11588754.html#foto
Pues eso mismo: DEIA dice que centenares de personas SE AGOLPAN en la campa (¿Estaban todos en la misma esquina?) y El Correo Español habla de que los intervinientes lo hicieron “ante miles de afiliados y simpatizantes”. No deja de ser curioso. Veamos ahora si fueron "cientos" o "miles". Juzguen ustedes mismos:
La fotografía de la izquierda se corresponde con el Alderdi Eguna del 29 de septiembre de 2009 y el famoso mosaico de la Ikurriña. Se estimó la asistencia entre 25.000 y 30.000 personas.
Tenemos bien claro que hoy en día, ni a la mente más preclara del PNV se le ocurriría hacer un mosaico tal día como ayer. Bastante tienen con acotar los espacios y evitar cualquier fotografía cenital o una vista general. Así, la foto de la derecha es una proyección de la IA para hacernos una idea de cómo quedaría el mismo mosaico con los 5.000 asistentes de ayer a las campas de Foronda. Y es que, por mucho que acotes espacios, es imposible poner personas donde no las hay.
En efecto, se ocuparon las 3.500 sillas y estacionaron 70 autobuses (la mayoría de Bizkaia). Hubo poca gente en el resto la campa (a los que hay que sumar a quiénes siempre se quedan en las txosnas). También es cierto que hacía un calor de justicia por lo que resguardarse a la sombra de esas txosnas está más que justificado pero, por otra parte (porque esto tiene dos lecturas), la excelente climatología no puede usarse como excusa para la no asistencia.
Así las cosas ¿Dónde se han metido esos miles de personas que faltan? Está claro que la gente nace y hasta se muere. Hasta ahí es un hecho natural que entendemos como Ley de Vida. También nos queda claro que la Pandemia del COVID hizo estragos sobre todo en las personas de edades más avanzadas, pero ¿Bajar de unos 30.000 a 5.000? Si lo ponemos por años, vemos una merma de asistentes (son medias generales) que se traduciría a razón de unos 1.500/año. Como pase lo mismo en las urnas lo tenemos clarinete.
Hablando de Deia, ese Grupo editorial (Diario de Noticias) hizo una especie de revistilla para la ocasión. Si vemos con detenimiento el folleto, es imposible no fijarse en los anunciantes. Muy interesante la publicidad: Printhaus: empresa condenada por Competencia por manipular contratos por sistema en Bilbao, Montai, Ekiazpi (marca blanca de la anterior), Emociona Soluciones Creativas. Esta fue sancionada por la Autoridad Vasca de la Competencia en 2022 por prácticas irregulares en ocho procesos entre 2014 y 2021 relacionados precisamente con el área de Cultura. Recibió una multa de 25.896,25 euros por haber manipulado los concursos con otra empresa cercana, Printhaus, con la que se repartía las subcontrataciones. La firma, además, apareció en la trama de corrupción del 'caso De Miguel' ya que, además de proveedora del PNV en campañas electorales, se encargó de la reforma de la vivienda particular en Gorliz del ex 'número dos' del partido en Álava, Alfredo de Miguel, una operación que luego pagó otro empresario, Prudencio Hierro, a modo de comisión.
También nos enteramos por elDiario.es (este Medio contabiliza la asistencia en "más de 4.000 personas") sobre la existencia de una especie de mercadillo. Allí, dispuso de un espacio La Gilda del Norte, cuyo dueño acumula ya dos sentencias por explotación laboral de trabajadores extranjeros, una de la Audiencia Provincial de Bizkaia y otra del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. También, y mientras Aitor Esteban e Imanol Pradales clamaban “Nuestra única selección es la verde”, un vendedor ambulante vendía ropa deportiva (falsificada) entre las que podían ver camisetas de la Selección española.
En fin... No se trata de denostar el acto en sí (y menos cuando firma alguien que con tan solo 10 años ya estaba en el Alderdi de Aralar) sino de constatar y cotejar que esta edición, en teoría, debería haber sido un éxito por dos motivos: Por ser la 50ª edición del Alderdi Eguna, y porque tenemos a la vuelta de la esquina un año 2027 con, al menos, dos convocatorias electorales.
Y todos sabemos que todas las personas que acuden -lógicamente- respiran pero, con elecciones a la vista, además muchas de esas personas también "aspiran": ¿Contarán conmigo? ¿Repetiré? ¿Entraré en la candidatura? Y, claro, no hay mejor lugar para ver y ser visto que un Alderdi Eguna. Por eso nos extraña tan baja asistencia salvo que el "pescao" ya esté vendido, que tampoco es el caso. Raro o, al menos, extraño, ¿No creen?
domingo, 27 de septiembre de 2026
EL ALDERDI EGUNA NO NACIÓ DE LA NADA. LO CREAMOS NOSOTROS (Blog de Iñaki Anasagasti)
Una lástima porque luego, encima, dicen que la cadena no se rompe.
sábado, 26 de septiembre de 2026
LA MINA DE LOS MENAs (Remitido)
Con cerca de un millar de menores atendidos, hablamos de aproximadamente 30 millones de euros anuales de diferencia entre lo que paga la Administración y ese coste estimado. Dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes vascos.
Hay un dato que permite poner estas cifras en perspectiva. Según EUSTAT, el gasto de enseñanza por alumno en la ESO pública vasca fue de 9.954 euros anuales en el curso 2022/23, unos 830 euros mensuales. En la enseñanza universitaria fue de 9.722 euros anuales, unos 810 euros mensuales.
Es decir, tomando como referencia esos 5.000 euros mensuales por plaza, la Administración estaría destinando por un MENA unas seis veces el gasto mensual de enseñanza de un alumno de ESO. Un auténtico alumno VIP para el contribuyente vasco.
Y después de conocer los resultados de PISA, con Euskadi en 480 puntos en matemáticas, 482 en lectura y 479 en ciencias en PISA 2022, cabe formular otra pregunta: ¿A nadie le parece que estas cifras de costes y plusvalías por MENA son un insulto a la inteligencia? ¿No habrá acaso algún político con moral y principios dentro del espacio político vasco que haga esta reflexión?
La izquierda y la extrema izquierda llevan años denunciando la «fantasmagórica privatización de la sanidad pública», de las residencias de mayores y de los servicios sociales. Sin embargo, en la atención a los menores extranjeros no acompañados se ha producido una externalización hacia ONG, fundaciones y entidades privadas financiadas con dinero público.
¿Por qué aquí no existe la misma crítica? ¿Por qué nadie parece preguntarse cuánto cuesta realmente cada menor, cuánto cobra cada entidad, qué margen obtiene y quién se beneficia económicamente de este sistema? ¿Será que se ha encontrado una inmensa bolsa de financiación pública alrededor de la inmigración irregular?
Hay una reflexión que parece casi absurda: ¿a nadie se le ha ocurrido pensar que, con estos costes por MENA para el contribuyente vasco, saldría mucho más barato enviarles a todos de Erasmus a Harvard, Stanford o al MIT de Massachusetts?
Y planteo una hipótesis de trabajo: ¿Puede llegar un cambio de la legislación europea a examinar las responsabilidades derivadas de determinadas actuaciones mantenidas durante años respecto de menores extranjeros no acompañados? ¿Podría llegar incluso a plantearse, en determinados supuestos, la aplicación de figuras relacionadas con la trata, el tráfico o la retención ilícita de menores?
El Derecho internacional y el europeo establecen garantías para cualquier retorno, pero también obliga a preguntarse si el sistema actual está resolviendo realmente el interés superior del menor.
La gran paradoja es que Marruecos reclama la devolución de sus menores, tal y como Franco reclamaba los "niños de Rusia" a Moscú. Sin embargo, España no parece tener intención alguna de atender esta exigencia planteada a la Unión Europea.
El resultado es un sistema en el que un menor puede permanecer durante años bajo protección pública española mientras Marruecos reclama su retorno. Y cuando hablamos de decenas de millones de euros públicos, la pregunta es inevitable: ¿Quién gana con todo esto? No hablo únicamente de dinero. Hablo de un sistema que genera incentivos económicos alrededor de la permanencia de los menores en Euzkadi mientras se dificulta o demora su devolución.
Así las cosas, y ojalá nos equivoquemos, tal vez al repugnante cash flow del narcotráfico -ese dinero negro que circula desde algunos de los conocidos narcoestados- haya que añadir algún día otra corriente de dinero, mucho más respetable en apariencia: el cash flow humanitario, solidario y perfectamente blanqueado bajo la pancarta de la caridad woke.
FUENTES: EUSTAT, Estadística del Gasto y Financiación de la Enseñanza Pública, curso 2022/23; PISA 2022, Ministerio de Educación, Gobierno de España.
viernes, 25 de septiembre de 2026
BELATE HUELE A CORRUPCIÓN DESDE MUY LEJOS
jueves, 24 de septiembre de 2026
TRÍO DE ASES: ANTXON, ARANTXA Y ANDONI
La sociedad Lurburu S.L., como propietaria mayoritaria de los 60.920 m2 afectados en el PPK, contrató en dos ocasiones a Antxon Alonso a través de Noran Coop y Servinabar. La promotora inmobiliaria acordó pagar 151.239 euros al empresario por la «redacción» y «tramitación» del Documento Inicial Estratégico (DIE) de la reforma urbana, dedicado a explicar las obras y analizar su impacto en el entorno. A su vez, Antxon Alonso subcontrató los trabajos por 37.775 euros. Primero, en 2017, a dos arquitectos (30.500 euros) y en 2022 a Geoinnova SL (7.275 euros). Fue el DIE elaborado por esta última consultora el que terminó registrado el 12 de septiembre de 2023 ante el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, dirigido por la citada exconsejera Tapia, que le dio luz verde el 22 de noviembre de 2023.
Todo dentro de lo previsible y Doña Tapia llamando a las empresas para conseguir trabajo para KPMG con el paraguas de la Fundación Sabino Arana. No hay vergüenza.
Y. a todo esto, nos llega una curiosa publicidad sobre El Programa Experto en Gabinetes Políticos e Institucionales, diseñado para profesionalizar el trabajo de quienes operan cerca de la toma de decisiones, tanto en el ámbito político-institucional como en el empresarial. Una formación aplicada, orientada al trabajo real de gabinete: Coordinación, comunicación institucional, análisis estratégico, apoyo a la decisión e interlocución público-privada.
Si pinchan AQUÍ, verán el desarrollo del programa. Y si avanzan en el mismo, comprobarán quién es uno de los "expertos profesores" del programa.
Sí. Nosotros también nos hemos quedado ojipláticos.
miércoles, 23 de septiembre de 2026
UNOS CONCILIANDO A TIEMPO PARCIAL, Y OTROS "A OTRAS COSAS" A TIEMPO TOTAL
martes, 22 de septiembre de 2026
RADIOGRAFÍA DE LA RGI: ¿FUNCIONA REALMENTE Y CUÁNTO FRAUDE HAY? (Por José A. del Moral en GANANZIA)
Lo que sí sabemos es que el perfil de una parte importante de los desempleados que cobran la RGI hace particularmente difícil su incorporación al mercado laboral. Una investigación de las economistas Sara de la Rica y Lucía Gorjón realizada con los registros administrativos completos de Lanbide encontró que, en los datos analizados de 2015-2016, alrededor del 60% de los perceptores desempleados no tenía estudios secundarios y el 52% llevaba más de dos años buscando trabajo. El grupo más numeroso estaba formado precisamente por mayores de 30 años, desempleados de muy larga duración y con estudios primarios como máximo.
Esta circunstancia se refleja directamente en sus posibilidades de encontrar empleo. En aquella investigación, un desempleado que cobraba RGI tenía una probabilidad media mensual de encontrar trabajo de aproximadamente el 3%, frente al 9% de los desempleados que no recibían la prestación. Pero el estudio introducía un matiz fundamental: cuando se comparaban individuos con características equivalentes, no encontraba que cobrar la RGI retrasase, en promedio, la incorporación al trabajo. Buena parte de la diferencia se explicaba porque quienes llegan a la RGI parten de una situación mucho peor en términos de formación y duración del desempleo.
La investigación sí detectó dónde parece estar una de las principales soluciones: la formación. Las políticas activas de empleo y, especialmente, la formación tenían un efecto positivo significativo sobre la probabilidad de encontrar trabajo entre los perceptores de la RGI. Sin embargo, pese a que teóricamente todos los perceptores desempleados debían participar en políticas de activación, solo alrededor del 40% había participado en alguna durante los seis meses anteriores.
La propia OCDE llegó posteriormente a una conclusión parecida sobre Lanbide. En su análisis del mercado laboral vasco señalaba que en 2019 únicamente el 23% de los perceptores de RGI aptos para trabajar había sido acompañado hasta un empleo. También advertía de la elevada carga administrativa que suponía gestionar la prestación: Lanbide estimaba que un expediente de RGI exigía cuatro veces más tiempo que el de otro demandante de empleo y la carga de trabajo alcanzaba los 427 casos por trabajador dedicado a activación.
La reforma de la RGI intenta precisamente corregir este problema haciendo compatible protección y activación laboral. Los perceptores que pueden trabajar tienen obligaciones de búsqueda de empleo y participación en las medidas de inclusión, mientras que la RGI puede complementar un salario insuficiente. Euskadi tampoco constituye una excepción internacional: todos los países de la UE disponen de alguna modalidad de renta mínima y la tendencia europea es precisamente combinar una renta de último recurso con obligaciones de activación, formación y acompañamiento hacia el empleo.
Euskadi destaca, en realidad, por la elevada cobertura de su sistema. La OCDE señala que País Vasco y Navarra han sido las excepciones españolas en las que las rentas mínimas autonómicas alcanzaban una cobertura próxima o superior a la población potencialmente beneficiaria, mientras que en muchas comunidades españolas no llegaban al 50%.
La RGI exige además participar en medidas de activación e inclusión, estar inscrito como demandante de empleo cuando corresponde y extiende determinadas obligaciones a la unidad familiar. Por ello, tener más perceptores que otro territorio no demuestra por sí mismo que el sistema funcione peor: también puede significar que llega a una proporción mayor de las personas pobres.
La comparación europea tampoco permite identificar un único modelo ganador. La Comisión Europea constata enormes diferencias entre los sistemas de renta mínima en cobertura, cuantía y exigencias de activación. En torno al 35% de la población europea en edad laboral en riesgo de pobreza ni siquiera está cubierta por una renta mínima u otra prestación social.
La comparación correcta de la RGI con Francia, Alemania, Países Bajos o Finlandia debería combinar por ello cuatro variables: cobertura de los pobres, reducción efectiva de la pobreza, permanencia en la prestación y capacidad de reincorporar al empleo a quienes pueden trabajar.
La evidencia disponible ofrece así una respuesta bastante matizada a la pregunta de si la RGI funciona. Como instrumento contra la pobreza, diferentes evaluaciones han encontrado efectos positivos y la cobertura vasca es elevada. Tampoco existe evidencia de que cobrarla reduzca, en promedio, la probabilidad de encontrar empleo una vez consideradas las características de los beneficiarios.
Pero existe un núcleo importante de perceptores de larga duración y las evaluaciones disponibles señalan una utilización insuficiente de las políticas de activación. La gran incógnita sigue siendo cuántos de los desempleados de larga duración continúan durante años dentro del sistema y cuántos consiguen abandonarlo gracias a un empleo.
Precisamente el bajo nivel educativo de muchos perceptores plantea si la formación debería desempeñar un papel mucho mayor dentro de la RGI. La normativa ya permite exigir participación en medidas de activación y formación, pero los datos históricos indican que su aplicación efectiva ha sido limitada.
Si seis de cada diez perceptores desempleados analizados por De la Rica y Gorjón carecían de educación secundaria y la formación aumentaba significativamente sus probabilidades de empleo, vincular de manera mucho más intensa prestación, cualificación y búsqueda de empleo aparece como una de las cuestiones centrales para evaluar futuras reformas.
La segunda gran polémica de la RGI es el fraude, y aquí resulta fundamental no confundir fraude con cobro indebido. Lanbide reclama dinero siempre que determina que una persona recibió una prestación superior a la que le correspondía, pero eso puede deberse a una falsedad deliberada, al incumplimiento de una obligación, a información incorrecta, a cambios en los ingresos o incluso a desajustes en el funcionamiento de la propia Administración. La Ley vasca establece expresamente que pueden aparecer cantidades indebidas como consecuencia de actualizaciones de cuantía, controles, revisiones administrativas o procedimientos sancionadores.
El antiguo funcionamiento de la RGI generaba precisamente enormes cantidades de cobros indebidos sin que necesariamente existiese fraude. Cuando una persona encontraba un trabajo o modificaba sus ingresos, Lanbide podía tardar en recalcular la prestación y continuar abonándole una cantidad que posteriormente le reclamaba. El nuevo sistema trimestral pretende evitar precisamente estas situaciones: Lanbide explica que ahora los cobros indebidos deberían generarse fundamentalmente cuando se detecten incumplimientos o datos erróneos.
Las cantidades reclamadas, en cualquier caso, son muy elevadas. Las respuestas parlamentarias obtenidas por Gananzia permiten calcular que Lanbide reclamó por cobros indebidos aproximadamente 29,3 millones de euros en 2022, 35,9 millones en 2023, 57,4 millones en 2024 y 25,7 millones en 2025. Durante los seis primeros meses de 2026 se habían generado otros 17,8 millones. No todo ese dinero corresponde a fraude ni son cantidades definitivamente perdidas: una parte importante acaba siendo recuperada.
La capacidad de recuperación ha sido históricamente considerable, aunque muy desigual. Calculando los porcentajes sobre los importes incluidos en las respuestas parlamentarias, Lanbide había recuperado aproximadamente el 72% de las cantidades reclamadas en 2022, el 76% de las de 2023 y el 71% de las de 2024. Para 2025 el porcentaje baja al 48% y para el primer semestre de 2026 al 26%, pero estas dos últimas cifras no son directamente comparables porque esas deudas han tenido mucho menos tiempo para ser cobradas.
El problema aparece con las cantidades que nunca se recuperan. Entre 2022 y 2026 han prescrito 18.601 deudas por unos 38 millones de euros. Solo en 2022 fueron 12.148 expedientes por 29 millones; en 2025 prescribieron otros 3.488 por siete millones. Lanbide explica que la prescripción se produce cuando no ha conseguido recuperar la deuda dentro del plazo legal. A ello se añaden 37.349 procedimientos de apremio iniciados entre 2022 y 2025 para intentar cobrar cantidades pendientes.
La dificultad para recuperar el dinero enlaza además con otro problema descubierto en las respuestas parlamentarias: localizar a determinados perceptores. En 2025 Lanbide realizó 707.956 notificaciones relacionadas con RGI y PCV y 74.990, el 10,59%, terminaron recurriendo a la publicación oficial después de que no pudiera practicarse la notificación por las vías anteriores. Y, una vez publicado el anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, únicamente el 1,13% de los interesados acudió a la correspondiente oficina de Lanbide a recoger la notificación durante los cinco días hábiles siguientes.
El problema de localización tiene consecuencias económicas. Entre 2022 y 2025, 9.969 procedimientos de apremio correspondían a deudas que previamente habían sido notificadas exclusivamente mediante edicto. Además, las propias cifras de Lanbide muestran que las deudas notificadas de esta manera se recuperan con mucha más dificultad que aquellas cuya comunicación se consigue practicar personalmente. No hay dinero en la cuenta.
Pero los datos disponibles tampoco sostienen que exista un fraude masivo equivalente al volumen de cobros indebidos. Lanbide creó a finales de 2023 una unidad específica con 19 inspectores y revisó las 5.426 prestaciones concedidas mediante declaración responsable durante aquel año.
De aquella revisión inicialmente solo surgieron catorce procedimientos de control que podían terminar con la extinción de la prestación y 18 expedientes fueron derivados a las fuerzas policiales. Existen casos de fraude real -en 2025, por ejemplo, la Ertzaintza investigó a una beneficiaria acusada de obtener irregularmente 46.380 euros durante varios años-, pero deben diferenciarse de los simples pagos indebidos.
El propio Lanbide asegura que la reforma está reduciendo sustancialmente estos problemas. Su director general, Francisco Pedraza, afirmó en julio de 2026 que los pagos indebidos habían caído a la mitad en un año y que el número de infractores estaba disminuyendo, aunque reconocía que continuaban existiendo conductas fraudulentas. El objetivo declarado por el organismo es alcanzar el «fraude cero».
Cobros indebidos no significa fraude:
Fuente: elaboración propia a partir de respuestas del Gobierno Vasco a preguntas parlamentarias. Los porcentajes de recuperación están ponderados por importe. Una deuda por cobro indebido no implica necesariamente fraude.
La radiografía resultante es, por tanto, bastante diferente de las dos caricaturas habituales sobre la RGI. No es cierto que sus más de 70.000 perceptores sean desempleados que viven de las ayudas: Aproximadamente la mitad trabaja o es pensionista. Tampoco los decenas de millones reclamados cada año pueden identificarse automáticamente con fraude, porque buena parte de los cobros indebidos se origina por ajustes de ingresos, incumplimientos o problemas administrativos.
Pero tampoco faltan señales de problemas estructurales. Casi 14.100 perceptores llevan más de diez años vinculados a la RGI; las evaluaciones disponibles muestran que muchos desempleados beneficiarios tienen una cualificación muy baja y que históricamente solo una minoría participaba suficientemente en políticas de activación; Lanbide genera decenas de millones de euros anuales en reclamaciones por cobros indebidos; 38 millones han terminado prescribiendo desde 2022; y una de cada diez notificaciones administrativas acaba recurriendo a la publicación oficial porque no ha podido practicarse por las vías anteriores.
La evidencia disponible ofrece así una respuesta bastante más compleja a la pregunta de si la RGI funciona. Durante buena parte de la última década el número de perceptores disminuyó conforme bajaba el paro, lo que indica que una parte de ellos abandonaba el sistema cuando mejoraba el mercado laboral.
Pero la RGI cayó mucho menos que el desempleo y sigue existiendo un importante colectivo de larga duración. Saber si ese diferencial se explica por trabajadores y pensionistas —que legítimamente permanecen en la prestación— o por desempleados que se cronifican exige un dato que Lanbide debería publicar: Cuántos de sus perceptores desempleados llevan cinco y diez años cobrando la RGI y cuántos salen cada año porque encuentran trabajo.
En paralelo hay que responder a otra pregunta que se hace mucha gente: ¿hay un problema con ciertas nacionalidades? Los extranjeros están claramente sobrerrepresentados entre los perceptores de la RGI, aunque las diferencias entre nacionalidades son enormes. Los datos facilitados por el Gobierno Vasco para 2023 muestran, por ejemplo, 5.015 perceptores marroquíes, 1.426 nigerianos, 1.290 argelinos y 1.286 senegaleses. Los americanos suponían el 10,55% de los perceptores, encabezados por 1.570 colombianos, mientras que los asiáticos apenas representaban el 1,4%. Solo 18 ciudadanos chinos cobraban la prestación.
No es un fenómeno nuevo y los datos históricos permiten comprobar que algunas nacionalidades presentaban tasas extraordinariamente elevadas de utilización de la RGI. En diciembre de 2016 la cobraban 4.482 de los 20.255 marroquíes residentes en Euskadi, aproximadamente el 22%. Entre los senegaleses eran 1.296, alrededor del 31% de toda la población de esa nacionalidad, y entre los nigerianos 891, aproximadamente el 28%. En el extremo contrario estaban los chinos: únicamente 15 de los 5.323 residentes, apenas un 0,3%.
Las diferencias son demasiado grandes como para explicar la utilización de la RGI simplemente por la condición de inmigrante. Dos personas extranjeras pueden presentar probabilidades completamente distintas de necesitar la prestación dependiendo de su formación, situación laboral, estructura familiar, ingresos o redes familiares. El contraste entre senegaleses y nigerianos, con tasas próximas al 30% en aquellos datos, y chinos, por debajo del 1%, es probablemente el mejor ejemplo.
Los extranjeros también estaban sobrerrepresentados en los cobros indebidos, aunque nuevamente eso no equivale a fraude. Una respuesta parlamentaria de 2014 contabilizó 48.210 titulares no pensionistas, de los que 22.903 -el 47,5%- habían nacido fuera de España, incluyendo a los posteriormente nacionalizados. A este colectivo correspondían 25,1 de los 47,6 millones de euros de cobros indebidos detectados, el 52,7%. Los nacidos en el extranjero tenían, por tanto, un peso algo mayor en los indebidos que entre los perceptores, pero la diferencia no era enorme.
Por países también aparecían cantidades significativas. Los perceptores nacidos en Marruecos acumulaban 4,1 millones de euros en cobros indebidos; los procedentes de Bolivia, 3,8 millones; Colombia, 2,7 millones; y Rumanía, 1,2 millones. De los 25,1 millones correspondientes al conjunto de nacidos en el extranjero quedaban entonces 19 millones pendientes de recuperar.
Pero estos datos no permiten concluir que determinados inmigrantes defrauden más. Lanbide denomina cobro indebido a cualquier cantidad percibida por encima de la que correspondía, incluyendo desajustes de ingresos, incumplimientos y datos erróneos. El propio Gobierno Vasco ha diferenciado históricamente estas situaciones del fraude deliberado. Actualmente, con el nuevo procedimiento de actualización trimestral, Lanbide explica que los indebidos se generan cuando un procedimiento de control descubre incumplimientos o datos erróneos y recalcula la prestación correspondiente.
Los datos sobre rechazo de empleos tampoco respaldaban algunas de las acusaciones formuladas durante la polémica de 2014. Aquel año hubo 142 resoluciones de suspensión, extinción, denegación o mantenimiento de suspensión relacionadas con el rechazo de un empleo. Según los datos remitidos al Parlamento, 73 correspondían a autóctonos y 69 a extranjeros. En Vitoria, donde la polémica se había centrado especialmente en marroquíes y argelinos, solo cinco perceptores de estos dos orígenes habían recibido resoluciones relacionadas con el rechazo de un empleo.
Los datos permiten por tanto hablar de sobrerrepresentación de algunas nacionalidades en la RGI, pero no de una sobrerrepresentación demostrada en el fraude. Son dos preguntas diferentes. Para responder a la primera basta con dividir los perceptores de cada nacionalidad entre la población residente de ese origen. Para responder a la segunda habría que conocer los casos de fraude acreditado de cada nacionalidad y dividirlos entre sus perceptores. Lanbide no publica actualmente ese cruce.
La evolución desde 2016 sugiere además que sería especialmente interesante actualizar aquellas tasas. Los perceptores marroquíes han pasado de 4.482 a 5.015 entre 2016 y 2023; los nigerianos, de 891 a 1.426; y los senegaleses se mantienen prácticamente estables, de 1.296 a 1.286. Pero esas cifras absolutas no dicen si ha aumentado o disminuido la dependencia de la RGI porque durante esos años también ha crecido considerablemente la población inmigrante.
La conclusión provisional es que sí existe una concentración muy desigual de la RGI entre determinados colectivos extranjeros, que merece ser analizada, pero los datos disponibles no permiten atribuirla a un mayor fraude. La cuestión pendiente es averiguar por qué algunas nacionalidades presentan una utilización históricamente muy elevada mientras otras, sometidas formalmente a las mismas reglas de acceso, apenas recurren a la prestación. Para distinguir entre pobreza, desempleo, estructura familiar, cronificación y fraude sería necesario que Lanbide volviera a publicar por nacionalidad los perceptores, su situación laboral, su antigüedad en la prestación, los cobros indebidos y los fraudes acreditados.
Fuentes: perceptores, datos del Departamento de Trabajo y Empleo remitidos al Parlamento Vasco; residentes, INE.