Lo que sí sabemos es que el perfil de una parte importante de los desempleados que cobran la RGI hace particularmente difícil su incorporación al mercado laboral. Una investigación de las economistas Sara de la Rica y Lucía Gorjón realizada con los registros administrativos completos de Lanbide encontró que, en los datos analizados de 2015-2016, alrededor del 60% de los perceptores desempleados no tenía estudios secundarios y el 52% llevaba más de dos años buscando trabajo. El grupo más numeroso estaba formado precisamente por mayores de 30 años, desempleados de muy larga duración y con estudios primarios como máximo.
Esta circunstancia se refleja directamente en sus posibilidades de encontrar empleo. En aquella investigación, un desempleado que cobraba RGI tenía una probabilidad media mensual de encontrar trabajo de aproximadamente el 3%, frente al 9% de los desempleados que no recibían la prestación. Pero el estudio introducía un matiz fundamental: cuando se comparaban individuos con características equivalentes, no encontraba que cobrar la RGI retrasase, en promedio, la incorporación al trabajo. Buena parte de la diferencia se explicaba porque quienes llegan a la RGI parten de una situación mucho peor en términos de formación y duración del desempleo.
La investigación sí detectó dónde parece estar una de las principales soluciones: la formación. Las políticas activas de empleo y, especialmente, la formación tenían un efecto positivo significativo sobre la probabilidad de encontrar trabajo entre los perceptores de la RGI. Sin embargo, pese a que teóricamente todos los perceptores desempleados debían participar en políticas de activación, solo alrededor del 40% había participado en alguna durante los seis meses anteriores.
La propia OCDE llegó posteriormente a una conclusión parecida sobre Lanbide. En su análisis del mercado laboral vasco señalaba que en 2019 únicamente el 23% de los perceptores de RGI aptos para trabajar había sido acompañado hasta un empleo. También advertía de la elevada carga administrativa que suponía gestionar la prestación: Lanbide estimaba que un expediente de RGI exigía cuatro veces más tiempo que el de otro demandante de empleo y la carga de trabajo alcanzaba los 427 casos por trabajador dedicado a activación.
La reforma de la RGI intenta precisamente corregir este problema haciendo compatible protección y activación laboral. Los perceptores que pueden trabajar tienen obligaciones de búsqueda de empleo y participación en las medidas de inclusión, mientras que la RGI puede complementar un salario insuficiente. Euskadi tampoco constituye una excepción internacional: todos los países de la UE disponen de alguna modalidad de renta mínima y la tendencia europea es precisamente combinar una renta de último recurso con obligaciones de activación, formación y acompañamiento hacia el empleo.
Euskadi destaca, en realidad, por la elevada cobertura de su sistema. La OCDE señala que País Vasco y Navarra han sido las excepciones españolas en las que las rentas mínimas autonómicas alcanzaban una cobertura próxima o superior a la población potencialmente beneficiaria, mientras que en muchas comunidades españolas no llegaban al 50%.
La RGI exige además participar en medidas de activación e inclusión, estar inscrito como demandante de empleo cuando corresponde y extiende determinadas obligaciones a la unidad familiar. Por ello, tener más perceptores que otro territorio no demuestra por sí mismo que el sistema funcione peor: también puede significar que llega a una proporción mayor de las personas pobres.
La comparación europea tampoco permite identificar un único modelo ganador. La Comisión Europea constata enormes diferencias entre los sistemas de renta mínima en cobertura, cuantía y exigencias de activación. En torno al 35% de la población europea en edad laboral en riesgo de pobreza ni siquiera está cubierta por una renta mínima u otra prestación social.
La comparación correcta de la RGI con Francia, Alemania, Países Bajos o Finlandia debería combinar por ello cuatro variables: cobertura de los pobres, reducción efectiva de la pobreza, permanencia en la prestación y capacidad de reincorporar al empleo a quienes pueden trabajar.
La evidencia disponible ofrece así una respuesta bastante matizada a la pregunta de si la RGI funciona. Como instrumento contra la pobreza, diferentes evaluaciones han encontrado efectos positivos y la cobertura vasca es elevada. Tampoco existe evidencia de que cobrarla reduzca, en promedio, la probabilidad de encontrar empleo una vez consideradas las características de los beneficiarios.
Pero existe un núcleo importante de perceptores de larga duración y las evaluaciones disponibles señalan una utilización insuficiente de las políticas de activación. La gran incógnita sigue siendo cuántos de los desempleados de larga duración continúan durante años dentro del sistema y cuántos consiguen abandonarlo gracias a un empleo.
Precisamente el bajo nivel educativo de muchos perceptores plantea si la formación debería desempeñar un papel mucho mayor dentro de la RGI. La normativa ya permite exigir participación en medidas de activación y formación, pero los datos históricos indican que su aplicación efectiva ha sido limitada.
Si seis de cada diez perceptores desempleados analizados por De la Rica y Gorjón carecían de educación secundaria y la formación aumentaba significativamente sus probabilidades de empleo, vincular de manera mucho más intensa prestación, cualificación y búsqueda de empleo aparece como una de las cuestiones centrales para evaluar futuras reformas.
La segunda gran polémica de la RGI es el fraude, y aquí resulta fundamental no confundir fraude con cobro indebido. Lanbide reclama dinero siempre que determina que una persona recibió una prestación superior a la que le correspondía, pero eso puede deberse a una falsedad deliberada, al incumplimiento de una obligación, a información incorrecta, a cambios en los ingresos o incluso a desajustes en el funcionamiento de la propia Administración. La Ley vasca establece expresamente que pueden aparecer cantidades indebidas como consecuencia de actualizaciones de cuantía, controles, revisiones administrativas o procedimientos sancionadores.
El antiguo funcionamiento de la RGI generaba precisamente enormes cantidades de cobros indebidos sin que necesariamente existiese fraude. Cuando una persona encontraba un trabajo o modificaba sus ingresos, Lanbide podía tardar en recalcular la prestación y continuar abonándole una cantidad que posteriormente le reclamaba. El nuevo sistema trimestral pretende evitar precisamente estas situaciones: Lanbide explica que ahora los cobros indebidos deberían generarse fundamentalmente cuando se detecten incumplimientos o datos erróneos.
Las cantidades reclamadas, en cualquier caso, son muy elevadas. Las respuestas parlamentarias obtenidas por Gananzia permiten calcular que Lanbide reclamó por cobros indebidos aproximadamente 29,3 millones de euros en 2022, 35,9 millones en 2023, 57,4 millones en 2024 y 25,7 millones en 2025. Durante los seis primeros meses de 2026 se habían generado otros 17,8 millones. No todo ese dinero corresponde a fraude ni son cantidades definitivamente perdidas: una parte importante acaba siendo recuperada.
La capacidad de recuperación ha sido históricamente considerable, aunque muy desigual. Calculando los porcentajes sobre los importes incluidos en las respuestas parlamentarias, Lanbide había recuperado aproximadamente el 72% de las cantidades reclamadas en 2022, el 76% de las de 2023 y el 71% de las de 2024. Para 2025 el porcentaje baja al 48% y para el primer semestre de 2026 al 26%, pero estas dos últimas cifras no son directamente comparables porque esas deudas han tenido mucho menos tiempo para ser cobradas.
El problema aparece con las cantidades que nunca se recuperan. Entre 2022 y 2026 han prescrito 18.601 deudas por unos 38 millones de euros. Solo en 2022 fueron 12.148 expedientes por 29 millones; en 2025 prescribieron otros 3.488 por siete millones. Lanbide explica que la prescripción se produce cuando no ha conseguido recuperar la deuda dentro del plazo legal. A ello se añaden 37.349 procedimientos de apremio iniciados entre 2022 y 2025 para intentar cobrar cantidades pendientes.
La dificultad para recuperar el dinero enlaza además con otro problema descubierto en las respuestas parlamentarias: localizar a determinados perceptores. En 2025 Lanbide realizó 707.956 notificaciones relacionadas con RGI y PCV y 74.990, el 10,59%, terminaron recurriendo a la publicación oficial después de que no pudiera practicarse la notificación por las vías anteriores. Y, una vez publicado el anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, únicamente el 1,13% de los interesados acudió a la correspondiente oficina de Lanbide a recoger la notificación durante los cinco días hábiles siguientes.
El problema de localización tiene consecuencias económicas. Entre 2022 y 2025, 9.969 procedimientos de apremio correspondían a deudas que previamente habían sido notificadas exclusivamente mediante edicto. Además, las propias cifras de Lanbide muestran que las deudas notificadas de esta manera se recuperan con mucha más dificultad que aquellas cuya comunicación se consigue practicar personalmente. No hay dinero en la cuenta.
Pero los datos disponibles tampoco sostienen que exista un fraude masivo equivalente al volumen de cobros indebidos. Lanbide creó a finales de 2023 una unidad específica con 19 inspectores y revisó las 5.426 prestaciones concedidas mediante declaración responsable durante aquel año.
De aquella revisión inicialmente solo surgieron catorce procedimientos de control que podían terminar con la extinción de la prestación y 18 expedientes fueron derivados a las fuerzas policiales. Existen casos de fraude real -en 2025, por ejemplo, la Ertzaintza investigó a una beneficiaria acusada de obtener irregularmente 46.380 euros durante varios años-, pero deben diferenciarse de los simples pagos indebidos.
El propio Lanbide asegura que la reforma está reduciendo sustancialmente estos problemas. Su director general, Francisco Pedraza, afirmó en julio de 2026 que los pagos indebidos habían caído a la mitad en un año y que el número de infractores estaba disminuyendo, aunque reconocía que continuaban existiendo conductas fraudulentas. El objetivo declarado por el organismo es alcanzar el «fraude cero».
Cobros indebidos no significa fraude:
Fuente: elaboración propia a partir de respuestas del Gobierno Vasco a preguntas parlamentarias. Los porcentajes de recuperación están ponderados por importe. Una deuda por cobro indebido no implica necesariamente fraude.
La radiografía resultante es, por tanto, bastante diferente de las dos caricaturas habituales sobre la RGI. No es cierto que sus más de 70.000 perceptores sean desempleados que viven de las ayudas: Aproximadamente la mitad trabaja o es pensionista. Tampoco los decenas de millones reclamados cada año pueden identificarse automáticamente con fraude, porque buena parte de los cobros indebidos se origina por ajustes de ingresos, incumplimientos o problemas administrativos.
Pero tampoco faltan señales de problemas estructurales. Casi 14.100 perceptores llevan más de diez años vinculados a la RGI; las evaluaciones disponibles muestran que muchos desempleados beneficiarios tienen una cualificación muy baja y que históricamente solo una minoría participaba suficientemente en políticas de activación; Lanbide genera decenas de millones de euros anuales en reclamaciones por cobros indebidos; 38 millones han terminado prescribiendo desde 2022; y una de cada diez notificaciones administrativas acaba recurriendo a la publicación oficial porque no ha podido practicarse por las vías anteriores.
La evidencia disponible ofrece así una respuesta bastante más compleja a la pregunta de si la RGI funciona. Durante buena parte de la última década el número de perceptores disminuyó conforme bajaba el paro, lo que indica que una parte de ellos abandonaba el sistema cuando mejoraba el mercado laboral.
Pero la RGI cayó mucho menos que el desempleo y sigue existiendo un importante colectivo de larga duración. Saber si ese diferencial se explica por trabajadores y pensionistas —que legítimamente permanecen en la prestación— o por desempleados que se cronifican exige un dato que Lanbide debería publicar: Cuántos de sus perceptores desempleados llevan cinco y diez años cobrando la RGI y cuántos salen cada año porque encuentran trabajo.
En paralelo hay que responder a otra pregunta que se hace mucha gente: ¿hay un problema con ciertas nacionalidades? Los extranjeros están claramente sobrerrepresentados entre los perceptores de la RGI, aunque las diferencias entre nacionalidades son enormes. Los datos facilitados por el Gobierno Vasco para 2023 muestran, por ejemplo, 5.015 perceptores marroquíes, 1.426 nigerianos, 1.290 argelinos y 1.286 senegaleses. Los americanos suponían el 10,55% de los perceptores, encabezados por 1.570 colombianos, mientras que los asiáticos apenas representaban el 1,4%. Solo 18 ciudadanos chinos cobraban la prestación.
No es un fenómeno nuevo y los datos históricos permiten comprobar que algunas nacionalidades presentaban tasas extraordinariamente elevadas de utilización de la RGI. En diciembre de 2016 la cobraban 4.482 de los 20.255 marroquíes residentes en Euskadi, aproximadamente el 22%. Entre los senegaleses eran 1.296, alrededor del 31% de toda la población de esa nacionalidad, y entre los nigerianos 891, aproximadamente el 28%. En el extremo contrario estaban los chinos: únicamente 15 de los 5.323 residentes, apenas un 0,3%.
Las diferencias son demasiado grandes como para explicar la utilización de la RGI simplemente por la condición de inmigrante. Dos personas extranjeras pueden presentar probabilidades completamente distintas de necesitar la prestación dependiendo de su formación, situación laboral, estructura familiar, ingresos o redes familiares. El contraste entre senegaleses y nigerianos, con tasas próximas al 30% en aquellos datos, y chinos, por debajo del 1%, es probablemente el mejor ejemplo.
Los extranjeros también estaban sobrerrepresentados en los cobros indebidos, aunque nuevamente eso no equivale a fraude. Una respuesta parlamentaria de 2014 contabilizó 48.210 titulares no pensionistas, de los que 22.903 -el 47,5%- habían nacido fuera de España, incluyendo a los posteriormente nacionalizados. A este colectivo correspondían 25,1 de los 47,6 millones de euros de cobros indebidos detectados, el 52,7%. Los nacidos en el extranjero tenían, por tanto, un peso algo mayor en los indebidos que entre los perceptores, pero la diferencia no era enorme.
Por países también aparecían cantidades significativas. Los perceptores nacidos en Marruecos acumulaban 4,1 millones de euros en cobros indebidos; los procedentes de Bolivia, 3,8 millones; Colombia, 2,7 millones; y Rumanía, 1,2 millones. De los 25,1 millones correspondientes al conjunto de nacidos en el extranjero quedaban entonces 19 millones pendientes de recuperar.
Pero estos datos no permiten concluir que determinados inmigrantes defrauden más. Lanbide denomina cobro indebido a cualquier cantidad percibida por encima de la que correspondía, incluyendo desajustes de ingresos, incumplimientos y datos erróneos. El propio Gobierno Vasco ha diferenciado históricamente estas situaciones del fraude deliberado. Actualmente, con el nuevo procedimiento de actualización trimestral, Lanbide explica que los indebidos se generan cuando un procedimiento de control descubre incumplimientos o datos erróneos y recalcula la prestación correspondiente.
Los datos sobre rechazo de empleos tampoco respaldaban algunas de las acusaciones formuladas durante la polémica de 2014. Aquel año hubo 142 resoluciones de suspensión, extinción, denegación o mantenimiento de suspensión relacionadas con el rechazo de un empleo. Según los datos remitidos al Parlamento, 73 correspondían a autóctonos y 69 a extranjeros. En Vitoria, donde la polémica se había centrado especialmente en marroquíes y argelinos, solo cinco perceptores de estos dos orígenes habían recibido resoluciones relacionadas con el rechazo de un empleo.
Los datos permiten por tanto hablar de sobrerrepresentación de algunas nacionalidades en la RGI, pero no de una sobrerrepresentación demostrada en el fraude. Son dos preguntas diferentes. Para responder a la primera basta con dividir los perceptores de cada nacionalidad entre la población residente de ese origen. Para responder a la segunda habría que conocer los casos de fraude acreditado de cada nacionalidad y dividirlos entre sus perceptores. Lanbide no publica actualmente ese cruce.
La evolución desde 2016 sugiere además que sería especialmente interesante actualizar aquellas tasas. Los perceptores marroquíes han pasado de 4.482 a 5.015 entre 2016 y 2023; los nigerianos, de 891 a 1.426; y los senegaleses se mantienen prácticamente estables, de 1.296 a 1.286. Pero esas cifras absolutas no dicen si ha aumentado o disminuido la dependencia de la RGI porque durante esos años también ha crecido considerablemente la población inmigrante.
La conclusión provisional es que sí existe una concentración muy desigual de la RGI entre determinados colectivos extranjeros, que merece ser analizada, pero los datos disponibles no permiten atribuirla a un mayor fraude. La cuestión pendiente es averiguar por qué algunas nacionalidades presentan una utilización históricamente muy elevada mientras otras, sometidas formalmente a las mismas reglas de acceso, apenas recurren a la prestación. Para distinguir entre pobreza, desempleo, estructura familiar, cronificación y fraude sería necesario que Lanbide volviera a publicar por nacionalidad los perceptores, su situación laboral, su antigüedad en la prestación, los cobros indebidos y los fraudes acreditados.
Fuentes: perceptores, datos del Departamento de Trabajo y Empleo remitidos al Parlamento Vasco; residentes, INE.
