Andoni Ortuzar presidió el PNV (Partido Nacionalista Vasco) durante 12 años, dirigió el desmembramiento de la radiotelevisión pública y en 16 meses ha pasado por PwC, el Consejo de Movistar Plus+ y creado una Sociedad propia en Abanto. Ahora dirigirá el think tank de la multinacional NTT Data, que tiene 23 contratos en marcha con el sector público por 26,86 millones de euros; el 78% de ese dinero se adjudicó a la consultora después de que el expresidente dejara el Euzkadi Buru Batzar.
Andoni Ortuzar presidió el PNV hasta su "retirada" el 30 de marzo de 2025, fecha en que dejó el camino libre a Aitor Esteban para que liderase el partido y cerrase los debates sobre la fragmentación interna. En septiembre entró en PwC como asesor externo de comunicación y servicios públicos, la consultora encabezada en Euskadi por el exburukide Asier Atutxa y que gestiona proyectos vascos de ciberseguridad por 60 millones de fondos europeos. En diciembre pasó al consejo de administración de Movistar Plus, lo que le obligó a dejar PwC por incompatibilidad.
El 22 de junio inscribió su propia sociedad, Amoa 62 SL -sus iniciales, Andoni Mirena Ortuzar Arruabarrena, y su año de nacimiento-, en un chalé de Abanto, su pueblo, para facturar asesoramiento económico, financiero, tributario, jurídico y contable. Amoa en castellano significa anzuelo. Se supo el 28 de julio. Al día siguiente se hizo público el acuerdo para presidir el comité asesor del think tank que NTT Data lanzará en otoño para abordar, según la multinacional japonesa, “los retos de la digitalización por parte de las administraciones públicas”.
Los entes públicos vascos mantienen 23 contratos en ejecución con la consultora tecnológica que ascienden a 26,86 millones de euros, según el volcado de la API oficial del portal de Contratación Pública de Euskadi y la verificación posterior, ficha a ficha, de cada expediente. Son servicios externalizados que, en algunos casos, seguirán en marcha hasta 2030. De la cuantía de dinero público total que ha ido a parar al sector privado, 20,9 millones de euros -el 78% del total, repartidos en 17 de los 23 contratos- se adjudicaron después de que Ortuzar delegara la presidencia del partido.
No hay indicios de que interviniera en ninguna de esas adjudicaciones, ni su nombre aparece en los expedientes. Existe, eso sí, un circuito caciquista que conecta a las consultoras con las primeras espadas del PNV y que lleva en marcha largas décadas.
El PNV, un partido-consultora.
De los 26,86 millones en ejecución con NTT, 14,86 los ha firmado EJIE, la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, presidida entre agosto de 2021 y febrero de 2025 por el jeltzale Polentzi Urkijo, primo de Xabier Sagredo, este último primo de Andoni Ortuzar; 9,66 millones Lantik, la de la Diputación de Bizkaia, en solo tres contratos (en este momento, la diputada general tiene como asesor a un exconsultor de NTT Data); y 851.158 euros la Fundación BiscayTIK, también un ente foral, cuya dirección ocupa desde 2024 el jeltzale Iñaki Totorikaguena, antes alcalde de Iurreta. El resto se reparte entre la Diputación Foral de Araba (1.015.190 euros por renovar su plataforma de puesto de trabajo), la Agencia Vasca del Agua, Lanbide, Ihobe y la propia Diputación de Bizkaia para tareas que van desde la elaboración de mapas de riesgo laboral hasta la gobernanza de estas plataformas.
Casi seis de cada diez euros de ese dinero -15,91 millones de euros en ocho de los 23 contratos, importe íntegro de cada expediente porque los pliegos no desglosan lo que corresponde a cada socio- los factura en unión temporal de empresas con Teknei, Serikat, LKS Next, Bilbomática (presidida entre 1988 y 2022 por el empresario Víctor Malpartida, cercano al PNV) y Arbentia. En otras palabras, la mayor parte del dinero público externalizado se reparte en forma de UTE con sus competidoras del sector informático vasco.
Todas ellas menos Arbentia figuraban, junto a NTT Data Spain, entre las 13 empresas del expediente que la Autoridad Vasca de la Competencia archivó en enero de 2024 sin acreditar infracción, aunque dejando escrito que le resultaba “altamente preocupante la foto reflejada durante la instrucción”. En el 80% de los lotes se presentaba una sola oferta, y con frecuencia mediante un mecanismo bien conocido en el sector: una unión temporal entre competidoras que después se subcontrataban entre sí.
La naturaleza de estas alianzas corporativas no es casual, sino producto del desarrollo histórico del sector de la consultoría. El socio de NTT del contrato de mayor volumen –los 3.641.616 euros contratados por la Lantik, nuevamente, para el desarrollo de la oficina técnica y la gobernanza de las plataformas del puesto de trabajo– es Teknei, presidida por Joseba Lekube. Responsable del PNV en México y considerado el nuevo rey de la informática en Euskadi, este empresario compró el club de fútbol Barakaldo y fichó como director de operaciones a un hijo del actual presidente del PNV, Aitor Esteban, y de la expresidenta del partido en Bizkaia, Itxaso Atutxa.
El responsable de infraestructuras y servicios cloud de Teknei, Edorta Saez, es cuñado del lehendakari Imanol Pradales. Según Gananzia y Gara, la empresa también ha fichado a Mireia Zarate, exsecretaria del Euzkadi Buru Batzar, expresidenta de Sabino Arana Fundazioa y actual pareja de Andoni Ortuzar. Por el consejo del Grupo pasaron Joanes Labayen, casado con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, y Julián Flórez, marido de la entonces consejera de Industria, Arantxa Tapia.
Sobre a quién se invita a las licitaciones para la digitalización de la administración vasca, la propia Itxaso Atutxa lo enunció de manera clara cuando presidía el Bizkai Buru Batzar en unos audios que hizo públicos esta revista. “Deben ser tres empresas de confianza del partido” las que se presenten a la licitación. Cuando ocurre de otra forma, indicaba en euskera la pareja de Aitor Esteban, “sabemos lo que pasa”.
Más que un “partido movimiento”, como lo retrata la literatura madrileña, el PNV cada vez se parece más a un “partido-consultora”. Andoni Ortuzar no es el primero que cruza la puerta giratoria de NTT. La multinacional fue vicepresidida en Europa, hasta marzo de 2024, por Pedro Luis Uriarte, exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y exconsejero delegado del BBVA. En 2021 se produjo el movimiento contrario, al fichar NTT como consultor en salud a Álvaro Molinero, hijo de Frumen Molinero, entonces director de Aseguramiento y Contratación Sanitarias y cesado en septiembre de 2024 por problemas en la licitación de contratos de ambulancias.
Padre e hijo habían firmado juntos el año anterior un estudio publicado por el Gobierno Vasco, “Valor Social Integrado del Hospital de Santa Marina en Bilbao”, dedicado a monetizar el valor social del centro para sus “stakeholders”, uno como alto cargo de Salud y el otro como consultor privado. El padre había sido director económico-financiero de ese mismo hospital entre 2011 y 2018. Ya dentro de NTT Data, el hijo publicita entre sus proyectos más destacables el Servicio de Consultoría de la Red de Vigilancia en Salud Pública de Euskadi, un contrato que le adjudicó EJIE y que la Autoridad Vasca de la Competencia cita en su resolución de enero de 2024, la misma que alerta de las nuevas técnicas de las consultoras para repartirse los contratos.
Hasta el lehendakari Patxi López encargó a Everis un informe sobre duplicidades e ineficiencias en el entramado institucional de Euskadi, mientras Cristina Garmendia era ministra de Zapatero y poco antes de que ella misma entrase en el Consejo de la consultora.
La digitalización es privatización.
Oficina de proyectos y calidad, oficina de transformación digital, gestión de iniciativas tecnológicas. Asumir las palabras clave de la digitalización corporativa, como deberá hacer el nuevo puesto de Andoni Ortuzar, tiene un alto coste para la administración. Por ejemplo, la arquitectura y consultoría para la modernización externalizados a NTT por el ente público encargado de impulsar la digitalización, EJIE, le costó 2,25 millones de euros. La oficina técnica y mantenimiento de las aplicaciones de la Subdirección de Administración Digital, otros 2,17 millones. Lo que todos esos pliegos describen es la lógica de entregar a una empresa privada la función de decidir cómo opera digitalmente la administración, y sobre qué arquitectura.
Esta es la tesis que Hordago-El Salto ha defendido en estas páginas y que sostiene el trabajo acumulado sobre las consultoras que gestionan lo público en Euskadi. La digitalización es la forma que ha adoptado la privatización de las funciones centrales de los Estados en la época de la austeridad permanente. La capacidad de decisión política se transfiere, contrato a contrato, a empresas privadas donde luego terminan recayendo figuras como Ortuzar. Ello evita afrontar de manera sistémica la digitalización como dispositivo principal de gobierno, mediante plataformas público-comunes interoperables, donde puedan regir criterios de eficiencia y sostenibilidad tecnológica, con un potencial mayor que el mercado para desarrollar servicios diseñados para la ciudadanía vasca.
Pero siempre ocurre lo contrario. Quien redacta la arquitectura fija también los requisitos del desarrollo tecnológico, lo que arrastra la externalización del mantenimiento, provoca que la adjudicataria conozca mejor el sistema y que la administración no pueda escoger otro proveedor porque perdería todos los servicios contratados hasta el momento. El Consejo Vasco de la Competencia señala que, en el 64% de las licitaciones de mantenimiento de EJIE, el contrato fue a la empresa que había hecho antes el desarrollo, y cuando se licitaba un segundo o tercer mantenimiento, al 85%. Como se desprende de los contratos investigados por el organismo regulador, la administración pública redacta el encargo en materia digital que después presentan, palabra por palabra, las ofertas de las consultoras. La agenda oculta de contactos de Ortuzar y su información privilegiada se utilizará para que ese mecanismo esté bien engrasado, erosionando el principio de igualdad de oportunidades.
Actualmente, la memoria justificativa de los expedientes de contratación repite constantemente como justificación la fórmula de que no se dispone de medios materiales ni humanos, y que no hay personal cualificado ni suficiente para asumirlos. Esa es la carencia pública que la externalización dice venir a resolver. Pero la falta de capacidad tecnológica no es un problema de la institución, sino de la política de contratación. El PNV no solo ha vendido el sector público vasco a consultoras en las cuales terminan después sus miembros, sino que ha vendido su sistema nervioso al sector privado, más barato de traspasar y mucho más difícil de recuperar después.
Sobre esa incapacidad autoinducida se han formulado también los fondos europeos. Tres de los contratos en marcha con NTT –el Sistema Vasco de Información de Servicios Sociales, la aplicación Gizarte+ y la oficina de transformación digital de la Agencia Vasca del Agua– se pagan con el Plan de Recuperación y el NextGenerationEU, 2,18 millones de euros. El dinero que Bruselas envió para modernizar el sector público es el vehículo con el que se justifica que sus competencias pasen al privado, y en materias de orden público como los servicios sociales, el empleo, o el agua. La “resiliencia” con la que se da nombre a estos fondos se expresa en contratos como el de NTT con la Agencia Vasca del Agua, prorrogado el pasado 4 de mayo por otros 24 meses, que compromete la gestión digital del agua vasca hasta 2030.
El Gobierno Vasco también ha prorrogado hasta 2028 el mantenimiento de las aplicaciones de recursos humanos con una factura de 18,5 millones para Deloitte –otra de las sancionadas en 2021 en el expediente del cártel de las consultoras– pese al caos que denuncian todos los sindicatos de Osakidetza.
Everis gestiona las OPE.
A esos 23 contratos hay que sumar otros tres vigentes, por 4.93 millones de euros, que no aparecen si se busca NTT Data en el portal público. Figuran a nombre de Everis, la marca que la multinacional usó en Euskadi hasta 2022, con el mismo CIF. Everis Spain, S.L. y NTT Data Spain, S.L. comparten el B82387770; Everis Infraestructures Engineering y NTT Data Spain Infrastructures Engineering, el B86272499. Esta empresa consultora, otrora presidida por el exministro de Defensa Eduardo Serra, ha tenido un rol central en las estrategias de innovación de la administración vasca, especialmente en el ámbito de la salud pública.
El primer contrato que lo acredita es el Servicio de Gestión de Iniciativas Tecnológicas de EJIE, 1,83 millones de euros euros adjudicados en octubre de 2025 en un procedimiento abierto al que se presentó un único licitador. Pero el problema está en el segundo mayor de todos los que la consultora ejecuta sin socios. El 29 de julio de 2025, cuatro meses después de la marcha de Ortuzar, Osakidetza adjudicó a NTT por 3,10 millones de euros el mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema de las Ofertas Públicas de Empleo del Servicio Vasco de Salud, por negociado sin publicidad y alegando “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles”.
La firma gestiona las OPE de Osakidetza desde finales de 2022, cuando se hizo con el contrato para la OPE de Estabilización por 1,12 millones de euros. Debía terminar en febrero de 2024, pero cuatro semanas después de las elecciones al Parlamento Vasco de aquel abril el Departamento de Salud estiró el acuerdo hasta diciembre con un sobrecoste de 562.650 euros para las arcas públicas. Nueve meses más tarde volvió a adjudicarse a la misma empresa, sin publicidad y por casi el triple. Al parecer, las irregularidades de las OPE de 2018 que costaron la dimisión del consejero Jon Darpón en 2019 se pueden solucionar, pero externalizando los servicios a consultoras cercanas al partido a precios desorbitados.
Otro ejemplo de la respuesta institucional ha sido entregar el diseño del acceso al empleo público sanitario a una consultora privada, y sin competencia en el concurso. Es el caso de la plataforma de Business Intelligence de Osakidetza, centrada en el sistema de información eOsabide, adjudicada en octubre de 2021 por 711.496 euros para 24 meses y estirada después con dos prórrogas –711.496 euros por otros 24 meses en noviembre de 2023 y 266.811 por nueve meses más en octubre de 2025– hasta el 18 de agosto de este año. Casi cinco años de servicio, 1,68 millones de euros.
Everis también fue investigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por su posible relación con el cártel de las consultoras que operaba en la administración vasca, la trama vinculada a personalidades del PNV y sancionada en mayo de 2021 con 6,3 millones de euros. La investigación contra las empresas que lo componían se archivó “por no encontrarse evidencias suficientes para su imputación” y, meses después, la firma dejó de usar una marca que empezaba a pesar. El rastro administrativo, en cambio, no se ha borrado. Esos tres contratos siguen adjudicados a nombre de Everis en el portal de contratación, de modo que quien consulte hoy qué tiene contratado NTT Data con las administraciones vascas no los verá.
La influencia de la consultora en las políticas públicas de innovación se aprecia en otro registro. Fit Inversión en Talento SA (Fitalent), el fondo de capital riesgo corporativo de Everis -hoy grupo NTT Data-, figura como entidad líder de dos de las actuaciones del Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi 2028, la hoja de ruta que decide cómo y a quién apoya el sector público vasco cuando dice apoyar el emprendimiento. Everis instaló sus oficinas en Torre Iberdrola en 2014 prometiendo “una clara inversión en Euskadi”, en 2016 montó el Basque Talent Solutions Center en Bilbao y el jeltzale Juan Mari Aburto asistió al anuncio de 300 empleos por parte de la empresa. En 2020 cambió de estrategia y trasladó Fitalent a Bilbao para acogerse a los incentivos fiscales forales.
Cabe destacar algo más importante sobre cómo se legitiman los vínculos vascos con países autoritarios. Durante los últimos años, la firma Everis Aeroespacial, Defensa y Seguridad ha vendido morteros a Arabia Saudí y prestado su tecnología al Ejército israelí, considerado por los responsables de la empresa como un “referente a nivel mundial”, para un ejercicio de maniobras de artillería antiaérea. La consultora es un nexo para mantener vivas las relaciones tecnológicas en áreas como la defensa en tiempos de genocidio contra el pueblo palestino.
Un externalizador de lo público.
Andoni Ortuzar es periodista de formación, empezó en Radio Popular de Bilbao y pasó por el diario jeltzale Deia entre 1981 y 1987, donde llevó las secciones de Laboral y Política. Desde entonces su carrera ha discurrido íntegramente por las instituciones y el aparato del partido: la Acción Exterior del Gobierno Vasco, EiTB, el Bizkai Buru Batzar, y Euzkadi Buru Batzar. Ha tenido un rol central en todos ellos.
Entre 1995 y 1999 fue el máximo responsable de la política internacional del Ejecutivo vasco, un puesto que dependía directamente del lehendakari José Antonio Ardanza. Desde ahí manejó la red de delegaciones en el exterior y la relación con las Euskal Etxeak, y destinó ayudas millonarias del Gobierno Vasco a la de Venezuela, que según Josu Erkoreka había sido una de las principales fuentes de financiación del partido y del propio Gobierno Vasco entre los años cincuenta y setenta.
Como máximo responsable de EiTB, dirigió la externalización de la cadena y creó para ello tres sociedades mercantiles. Una fue objeto de una denuncia por fraude del sindicato LAB, y en ella colocó a Julián Flórez, citado marido de Tapia, hoy simultaneando la presidencia de la jeltzale Fundación Sabino Arana con su asesoramiento a la consultora KPMG en el negocio armamentístico. En otra, dedicada a las apuestas deportivas, participaban dos burukides -a uno lo dejó Ortuzar colocado en el Euzkadi Buru Batzar- y el que luego sería director de EiTB y candidato a alcalde del PNV. Cuando Ortuzar abandonó el ente en 2008 para presidir el Bizkai Buru Batzar, la cadena le abonó 18.407 euros de indemnización.
La presidencia del PNV funciona desde hace tiempo como trampolín para sus miembros. Josu Jon Imaz dejó el cargo y fichó por Petronor camino de la consejería delegada de Repsol, que ocupa desde 2014. Iñigo Urkullu, presidente del partido hasta 2012 y después lehendakari durante tres mandatos, ha recalado en una fundación atlantista cuyo patronato reúne a los presidentes de BBVA, Iberdrola, Kutxabank y Petronor.
De todos los partidos con presencia en los consejos del IBEX 35, el PNV es de lejos el que más acumula en relación con su representación en el Congreso. Solo en el sector energético, esta revista ha documentado cerca de una treintena de puertas giratorias cruzadas por personalidades jeltzales. Preguntado por ellas en 2015, Ortuzar respondió que “funcionan en la dirección correcta”, porque “la gente tiene un perfil con una competencia contrastada” y porque, “tras demostrar su valía en tareas profesionales, muchas de estas personas quieren asumir compromisos públicos e institucionales”. Hablaba del trayecto de la empresa a la institución.
Once años después, el suyo ha ido al revés: de presidir el partido que nombra a quien adjudica, a presidir el comité asesor de quien cobra. Desde luego, la competencia contrastada que NTT Data compra cuando contrata a Ortuzar no es la informática o la programación, sino el conocimiento de la administración pública.
El activo que Ortuzar pone hoy en el mercado quedó descrito, con cierta ironía, en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) hecho público el pasado junio en la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz. Según los investigadores, el 28 de enero de 2025 -dos meses antes de dejar la presidencia del partido- Ortuzar y el entonces responsable de organización del PNV, Joseba Aurrekoetxea, se reunieron con el entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y con directivos de Tubos Reunidos para abordar cómo aplazar la devolución del rescate de 112,8 millones que el ente estatal concedió a la empresa en julio de 2021, cuando Ortuzar presidía el partido.
Ninguno de los dos está investigado y el PNV, que ha admitido las reuniones, niega vinculación con las actividades de terceros. Resulta un argumento cuanto menos dudoso, dado que el Gobierno Vasco inyectó en Tubos Reunidos al menos 3.400.996 euros en ayudas públicas entre diciembre de 2021 y septiembre de 2025.
Sea como fuere, la escena ilustra bien su labor en NTT: saber por dónde pasa el dinero público en Euskadi y sentar en un mismo despacho a quien decide sobre ese dinero y a quien espera la firma del cheque. Un servicio que, desde luego, no presta un ingeniero informático.
(*) Andoni Ortuzar, de externalizar EITB al negocio de digitalizar la administración pública, es un artículo de Ekaitz Cancela y Ahoztar Zelaieta en Hordago.
