UNA PLATAFORMA QUE VALGA LA PENA (Por Xavier Cassanyes)

Imposible no hacer referencia a la desclasificación de los papeles del 23F para darnos la enhorabuena y resaltar que faltan zonas ocultas, perdidas probablemente por borrado azul, aludiendo a cuando el omnímodo Martin Villa se encargó de hacer desaparecer lo más oscuro de los archivos franquistas.

De los documentos hechos públicos cruje, especialmente, el silencio sobre la trama civil y el aporte económico de familias comprometidas entre las que posiblemente estaría la misma que financió el inicio del golpe de Franco.

Del recuerdo de aquella época, rescato el año 1983 cuando Carlos March, en una reunión en Madrid con Jeroni Albertí y Gabriel Cañellas, presionó, amenazando al endeudado, para que Cañellas fuera elegido para la primera presidencia de Balears. Coalición Popular y el PSOE habían empatado a 21 escaños. En las elecciones precedentes, 28 de octubre de 1982, la derecha, Alianza Popular con los democristianos conservadores de Óscar Alzaga, con 107 diputados, había sido barrida por la mayoría absoluta del PSOE (202 diputados).

Conseguir la presidencia de Balears permitió que el postfranquismo de Fraga y los herederos del franquismo, tuviera visibilidad de gobierno y se lanzaran a convertirse en el partido de la derecha. Si Félix Pons hubiera conseguido la presidencia de Baleares, posición que dentro de la coalición Unió Mallorquina y PDL tenía muchas posibilidades, la historia de AP y del PP habría sido distinta.

Enlazando con las reflexiones del artículo anterior, sobre la iniciativa de Gabriel Rufián, toca centrarse en el proyecto que, con tiempo por delante, y sin Yolanda Diaz, es hoy más viable.

Lo que puede unir en una coalición a partidos distintos y con sus propias prioridades, aparte de la necesidad de sortear las penalizaciones de la ley electoral, es un programa de mínimos que pueda ser más potente que los personalismos y las rencillas navajeras. La oferta electoral tendrá que ser atractiva para ilusionar a ese electorado de izquierdas que no es fácil movilizar si no es por potentes argumentos.

Después de medio siglo de estado democrático, la Constitución es el punto de inflexión, se necesita una actualización y culminar el proceso territorial interrumpido a raíz, precisamente, del fallido o, no tanto, golpe de Tejero. Ante la amenaza, cierta, de un retroceso en la calidad democrática y del estado social y de bienestar, se impone la necesidad de un cambio constitucional profundo para consolidar las conquistas sociales y libertades democráticas, y dificultar que prosperen populismos autoritarios y fatalmente disgregadores de la convivencia.

Una plataforma ilusionante debiera abordar tanto los problemas urgentes de la sociedad como cambios políticos necesarios para que, con una mayor transparencia y democracia en las estructuras del estado, se aporte claridad, la administración única decía Fraga al llegar a la presidencia de la Xunta, y defensa de la sociedad frente a arbitrariedades polítiques. ¿Puede aceptarse que un estado social y que apuesta por servicios públicos en sanidad, educación o sociales, pueda contradecirse con políticas autonómicas de corte neoliberal, como en la comunidad de Madrid?

Una plataforma de izquierdas que pretenda convencer, tiene que programar política de vivienda social en términos claros de plazos de ejecución y declarar la vivienda como un bien de uso social quitándola de la bolsa especulativa. En educación, fijar mínimos de inversión autonómica obligatoria que no pueda significar discriminación respecto a otros territorios impidiendo, judicial y políticamente si fuera preciso, la infradotación de los centros públicos para subvencionar empresas privadas.

Instar la reforma constitucional con el propósito de transformar el estado autonómico en estado federal: administraciones únicas por marcos de competencia.

Modificar la ley electoral desbloqueando las listas de candidatos al Congreso para que el votante pueda marcar el orden de salida de candidatos de su preferencia, eso es posible sin modificar la Constitución. Y acordar la autonomía, o estado federado, como circunscripción electoral para elecciones generales.

Finalmente, transformar el Senado en cámara territorial con una reducción de senadores evitando su situación de cámara de revisión y tutelaje del Congreso.