Tras la abolición, los cuatro Territorios, sujetos políticos que habían ostentado su propia arquitectura institucional y soberanía originaria plena, fueron convertidos en brazos ejecutores de las políticas castellanas, sin capacidad política alguna. La uniformidad constitucional española se instauró haciendo desaparecer la soberanía originaria que habían tenido los cuatro territorios forales.
Tras semejante expolio constitucional la respuesta del Pueblo vasco no se hizo esperar y se inició una reacción política tanto a nivel institucional como social. Fruto de tal tensionamiento y en función de la correlación de fuerzas ante la siempre inestable evolución democrática del Estado español, las instituciones forales y vascas en diferentes momentos han activado dinámicas conjuntas para recuperar la institucionalidad y autogobierno derivados de nuestra esencia política foral: en el siglo XX, el Estatuto de Estella y el Estatuto del 36 para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Y en pleno siglo XXI, la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (el Plan Ibarretxe).
En Euskal Herria el tensionamiento político y social siempre ha sido la forma de recuperar algo de la soberanía incautada por el Estado español. Y es que, el conflicto con el Estado español en torno al poder político, a la capacidad de decisión sobre nuestras vidas, es una constante histórica. En efecto, ya en 1877 Juan de Tellitu, miembro de las Juntas Generales de Bizkaia, de manera lúcida y a modo de profecía apuntaba a no hipotecar mediante acuerdos el derecho y la libertad de acción de las generaciones venideras, y confiaba en que la justicia, el tiempo y los acontecimientos trajeran para el país su entera libertad e independencia.
Vivimos momentos líquidos en los que da la sensación que el contador de la historia se ha puesto a cero, pero solo para parte de la historia. Sin embargo, Cicerón ya decía que la historia es la maestra de la vida, el antídoto para no perder de vista de dónde venimos y reconocer en el espejo la posición que cada cual ha de ocupar en la historia de este pueblo. Ciertamente, el nacionalismo vasco, bajo cualquiera de sus tradicionales expresiones, nació como instrumento político necesario al servicio de la recuperación de soberanía originaria robada por España, como instrumento político reaccional frente a las tendencias centrípetas y homogeneizadoras inherentes a la metrópoli castellana.
Este año se cumplen 150 años de la abolición plena de nuestra soberanía política foral originaría, de nuestra constitución foral integrada por instituciones políticas, por un corpus jurídico propio y por una cosmovisión político-cultural cuyo vector principal es la lengua. El actual contexto político no puede ser más propicio para saldar la deuda que tenemos con nuestra historia, con nuestra esencia y con nuestro pueblo: Euskal Herria y sus Territorios forales, únicos tributarios de las reivindicaciones de soberanía política plena. Se da la circunstancia de que existe una confluencia temporal con el proceso de negociación de las bases para la actualización del estatus político vasco. Dicha actualización, por razón de la Disposición Adicional 1ª de la Constitución y de la Disposición Adicional 1ª del Estatuto de Autonomía del País Vasco, no puede ir en otra dirección que en la de avanzar en la recuperación de la soberanía política foral originaria, en la de singularizar al pueblo vasco en su relación con el Estado Español; a la postre, en defender nuestro derecho al hecho diferencial. Porque la actualización de los derechos históricos que se realizó en 1979 no es la única fórmula de actualización, hay otras alternativas y la actualización de los derechos históricos vía estatuto de autonomía será uno de esos momentos constituyentes relevantes para nuestro pueblo en tanto que posibilitará vigorizar nuestro régimen foral para poder decidir más y mejor y para defender nuestro derecho al hecho diferencial frente a las tendencias castellanas uniformizadoras.
No faltará quien diga que todo esto son cuentos trasnochados del nacionalismo vasco. La predisposición homogeneizadora castellana que siempre busca acabar con el pluralismo político y cultural y barrer con inquina nuestro derecho constitucional al hecho diferencial, ergo, nuestro derecho a nuestra cultura, a nuestra lengua, a la lengua del pueblo vasco, ha sido y es una constante. Acerquémonos, pues, a las recientes sentencias que, desde la atalaya de uno de los poderes del Estado, generan un problema de índole constitucional, ya que, bajo el mantra del principio de igualdad, de facto dejan sin efecto el derecho al hecho diferencial recogido en la Disposición Adicional 1ª de la Constitución. Y, cuidado, porque esa propensión uniformizadora en forma jurídica de sentencia solo consigue profundizar en el histórico déficit de legitimación del Estado en Euskal Herria. Y es que, ningunear desde el poder judicial el derecho constitucional al hecho diferencial agarrándose como a un clavo ardiendo al principio de igualdad es seguir profundizando en la prohibida diglosia entre ambas lenguas cooficiales y, por supuesto, desconocer que la lengua de este pueblo es el euskara.
Los desarreglos forales a golpe de sentencia solo se arreglan con más reivindicación foral, con más actualización foral vía estatuto. No olvidemos que la lengua, como principal vector cultural y transmisor de una concreta forma de ver el mundo, forma parte de esa foralidad en tanto que dota de sentido al hecho diferencial traducido en instituciones políticas, en un corpus jurídico y en una cosmovisión político-cultural propia.
Desde Erabakizaleak Juristas por el Derecho a Decidir y Gure Esku hemos organizado un encuentro que, como parte de un ciclo sobre soberanía política, va a reunir historia, política y derecho para que, desde ese análisis y debate multidisciplinar, se analice la foralidad, su esencia, su potencialidad política y jurídica y las opciones que ésta ofrece para actualizar nuestro autogobierno en la única clave posible: Defender nuestro derecho constitucional al hecho diferencial en clave foral para llevar al País a la posición político-jurídico singular de bilateralidad que constitucionalmente le corresponde frente al Estado, y para cuya efectividad se requerirán mecanismos de blindaje vigorosos basados en las más fiel tradición foral.
¡Os esperamos el 30 de septiembre, a las 18.00, en el epicentro institucional foral: en el Salón de actos de las Juntas Generales de Bizkaia en la calle Hurtado Amezaga!
(*) Por Arantza Isasmendi, Eba Gaminde, Eli Moral, Ziortza Arrien, Bea Ilardia, Mirian Campos, Idoia Gutierrez, Bego Atxa, Irantzu Perello y Leire Solagaistua. Erabakizaleak-Juristas por el Derecho a Decidir.
(**) Desde este Blog, nos sumamos tanto al Escrito como a la convocatoria, por lo que os animamos a acudir el próximo 30 de septiembre (miércoles), a las 18,00h., en el Salón de Actos de Juntas Generales de Bizkaia, calle Hurtado Amezaga de Bilbao (entre la Estación de Abando y El Corte Inglés).
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