BELATE HUELE A CORRUPCIÓN DESDE MUY LEJOS

El Gobierno de Navarra ha iniciado los trámites para alcanzar un acuerdo de resolución pactada con la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras de duplicación de los túneles de Belate, tras la anulación formal del modificado 1 del contrato por parte de la Dirección General de Obras Públicas.

El Ejecutivo foral prevé licitar "cuanto antes" el tramo pendiente con el fin de cumplir los plazos comprometidos con la Unión Europea en la N-121-A antes de 2030, a pesar del notable retraso que sufrirán los trabajos respecto al calendario inicial fijado para 2027.

Así lo explicó el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, quien enmarcó la actuación en la búsqueda de soluciones legales y económicas contundentes tras dejar sin efecto la modificación contractual previa. Según el portavoz, el objetivo prioritario de la Administración foral se centra en desbloquear la ejecución de una infraestructura clave para la seguridad vial de la zona norte de la Comunidad Foral.

"Iniciamos los trámites para llegar a un punto de encuentro con la UTE para una resolución pactada entre las partes que nos permita, y ese es el objetivo fundamental, licitar cuanto antes la parte del proyecto que queda sin realizar", afirmó Remírez, subrayando que una vez se adjudique y concluya ese tramo, se procederá a licitar de inmediato las obras restantes del túnel de Belate, infraestructura que actualmente se encuentra "ejecutada a más de un 50%".

"Estamos centrados en el espacio de las soluciones. Siempre hemos actuado con responsabilidad y ajustados siempre a derecho", ha sostenido el portavoz, añadiendo que la premisa fundamental fijada por la presidenta María Chivite ha sido que "no se abone ni una sola cantidad económica" por parte del Gobierno de Navarra que no estuviera sustentada técnica y jurídicamente. Ya...

Cuestionado sobre las peticiones de asunción de responsabilidades políticas (que ahí está la madre del cordero) planteadas por la Oposición y algunos socios parlamentarios tras el varapalo jurídico que derivó en la paralización de la obra, Remírez rehusó abrir ese debate en el momento actual y defendió que la actuación del Ejecutivo foral responde estrictamente a criterios de legalidad y control del gasto público: “Estamos centrados en el espacio de las soluciones. Siempre hemos actuado con responsabilidad y ajustados siempre a derecho”, sostuvo mientras le seguía creciendo la nariz.

Asimismo, el vicepresidente contrapuso la gestión del actual Ejecutivo foral con la actuación de los Gabinetes que le precedieron, señalando que la adecuación de la N-121-A a la directiva europea sobre seguridad en túneles acumulaba más de una década de demoras antes de la puesta en marcha de los trabajos. “Esta es una obligación legal que lleva más de 15 años de retraso irresponsable por parte de los diferentes gobiernos de Navarra que nos precedieron. Quizás quien debiera haber asumido más responsabilidades políticas es quien, pudiendo hacerlo, no lo hizo y todavía no ha dado explicaciones al respecto”. En serio. ¿Alguien cree a este tal Remírez? Nosotros no.

Finalmente, el portavoz enmarcó las exigencias dimisionarias en el clima político general de precampaña electoral, apelando a la prioridad técnica del proyecto frente al debate partidista. “La única decisión política del Gobierno de Navarra ha sido que esas obras se tenían que realizar por una obligación legal e incidir en la seguridad vial. Lo que nos preocupa ahora es ser lo más ágiles posibles, no ciertas estrategias de ventajismos partidistas” (¡Qué va a decir!).

Hasta ahí la información. Vayamos con la opinión: Lo de la adjudicación de Belate, lleva mucho tiempo “oliendo a corrupción que tira patrás” (y las “excusas” que se dan son cada vez peores y no convencen a nadie (creemos que ni siquiera a quienes las dan).

Y ahora, en vez de asumir responsabilidades, ¿Decide echar las culpas a otros?

Gracias a que han sido un puñado de funcionarios escrupulosos con su deber los que han impedido que los desmanes hayan ido a más. De los técnicos de la mesa de contratación, al Interventor General; del ingeniero de minas que desbarató los sobrecostes a la Asesoría Jurídica que los ha visto maliciosos. Inclúyase al auditor de Comptos que tuvo que verse enmendado por su jefe, el presidente, por ser muy duro y pedir responsabilidades y ahora se ha visto que el único razonable era él cuando quien pide lo mismo son los propios juristas del Gobierno.

¿Y aquí no dimite ni cesan a nadie? ¿Dónde están las responsabilidades técnicas y políticas?

 Y luego no nos extrañemos de los resultados electorales.