Con cerca de un millar de menores atendidos, hablamos de aproximadamente 30 millones de euros anuales de diferencia entre lo que paga la Administración y ese coste estimado. Dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes vascos.
Hay un dato que permite poner estas cifras en perspectiva. Según EUSTAT, el gasto de enseñanza por alumno en la ESO pública vasca fue de 9.954 euros anuales en el curso 2022/23, unos 830 euros mensuales. En la enseñanza universitaria fue de 9.722 euros anuales, unos 810 euros mensuales.
Es decir, tomando como referencia esos 5.000 euros mensuales por plaza, la Administración estaría destinando por un MENA unas seis veces el gasto mensual de enseñanza de un alumno de ESO. Un auténtico alumno VIP para el contribuyente vasco.
Y después de conocer los resultados de PISA, con Euskadi en 480 puntos en matemáticas, 482 en lectura y 479 en ciencias en PISA 2022, cabe formular otra pregunta: ¿A nadie le parece que estas cifras de costes y plusvalías por MENA son un insulto a la inteligencia? ¿No habrá acaso algún político con moral y principios dentro del espacio político vasco que haga esta reflexión?
La izquierda y la extrema izquierda llevan años denunciando la «fantasmagórica privatización de la sanidad pública», de las residencias de mayores y de los servicios sociales. Sin embargo, en la atención a los menores extranjeros no acompañados se ha producido una externalización hacia ONG, fundaciones y entidades privadas financiadas con dinero público.
¿Por qué aquí no existe la misma crítica? ¿Por qué nadie parece preguntarse cuánto cuesta realmente cada menor, cuánto cobra cada entidad, qué margen obtiene y quién se beneficia económicamente de este sistema? ¿Será que se ha encontrado una inmensa bolsa de financiación pública alrededor de la inmigración irregular?
Hay una reflexión que parece casi absurda: ¿a nadie se le ha ocurrido pensar que, con estos costes por MENA para el contribuyente vasco, saldría mucho más barato enviarles a todos de Erasmus a Harvard, Stanford o al MIT de Massachusetts?
Y planteo una hipótesis de trabajo: ¿Puede llegar un cambio de la legislación europea a examinar las responsabilidades derivadas de determinadas actuaciones mantenidas durante años respecto de menores extranjeros no acompañados? ¿Podría llegar incluso a plantearse, en determinados supuestos, la aplicación de figuras relacionadas con la trata, el tráfico o la retención ilícita de menores?
El Derecho internacional y el europeo establecen garantías para cualquier retorno, pero también obliga a preguntarse si el sistema actual está resolviendo realmente el interés superior del menor.
La gran paradoja es que Marruecos reclama la devolución de sus menores, tal y como Franco reclamaba los "niños de Rusia" a Moscú. Sin embargo, España no parece tener intención alguna de atender esta exigencia planteada a la Unión Europea.
El resultado es un sistema en el que un menor puede permanecer durante años bajo protección pública española mientras Marruecos reclama su retorno. Y cuando hablamos de decenas de millones de euros públicos, la pregunta es inevitable: ¿Quién gana con todo esto? No hablo únicamente de dinero. Hablo de un sistema que genera incentivos económicos alrededor de la permanencia de los menores en Euzkadi mientras se dificulta o demora su devolución.
Así las cosas, y ojalá nos equivoquemos, tal vez al repugnante cash flow del narcotráfico -ese dinero negro que circula desde algunos de los conocidos narcoestados- haya que añadir algún día otra corriente de dinero, mucho más respetable en apariencia: el cash flow humanitario, solidario y perfectamente blanqueado bajo la pancarta de la caridad woke.
FUENTES: EUSTAT, Estadística del Gasto y Financiación de la Enseñanza Pública, curso 2022/23; PISA 2022, Ministerio de Educación, Gobierno de España.
Solo si se rebajara la edad para ser considerado menor de 18 a 16 años , y no por motivos de ahorro sino por confirmar un hecho biológico , se solucionaría la mitad del problema .
ResponderEliminar+100 pero los partidos políticos tradicionales tendrían un grave problema: Las y los ciudadanos podrían votar (o abstenerse) con 16 años, por regla general, la gente joven tiene más que desafección a la política.
EliminarHay una cuestión que hace este tema aun más grave. En la mayoría de los casos no se hace prueba de edad a estos presuntos niños. El no realizar prueba de edad hace que en un porcentaje muy alto exista un fraude de ley.
ResponderEliminarEn los últimos meses PNV ha cambiado el discurso reclamando una migración ordenada, una migración ordenada es la que se hace de forma legal en todo momento y para ello se deberá de cambiar la ley de extranjería y su directiva de forma importante para que no permita la situación de puertas abiertas y caos que estamos viviendo.