MALA GESTIÓN

La información.

Europa se ha conjurado para mejorar su competitividad como la vía principal para resistir el embate de la invasión económica e industrial de China por un lado, y de Estados Unidos por el otro. Pero esa tarea no solo afecta al tejido empresarial y a la creación de un mercado único de capitales. Tiene una asignatura clave para lograrlo en la simplificación burocrática de la administración.

Y es que un aparato público lento no solo retrasa acciones empresariales, provoca también el gasto difícilmente calculable del dinero que se queda parado, sin invertir. Una cantidad que ronda entre el 5% y el 10% en las administraciones públicas y que se acumula año tras año como una bolsa de ineficiencia estructural. En el caso del Gobierno vasco esa cifra se concretó el año pasado en 810 millones. Es el montante del Presupuesto de 2025 que no se ejecutó y que representa un 4,9% del total de los 16.477 millones que se fijaron en las Cuentas.

Son recursos que se quedaron en la caja del Ejecutivo autonómico como tesorería tal y como se recoge en la Estadística de Ejecución Presupuestaria que elabora el Órgano Estadístico del departamento de Hacienda. Los datos señalan, además, que el balance final de los ingresos menos los gastos ejecutados en 2025 arrojan un superávit presupuestario de 168 millones. Se trata de una cantidad que, tras ajustare con las obligaciones de pago y cobro pendientes, dejaron un flujo positivo en la caja de 712 millones.

Los datos, si bien mejoraron las cifras de 2024 –que tuvo un 6,6% de inejecución presupuestaria por la parálisis que generaron las elecciones y el cambio de gobierno–, siguen evidenciando una de las asignaturas pendientes de la administración para ganar eficiencia. A pesar de todo, Euskadi sigue siendo una de las autonomías que se deja menos dinero en la cartera. Con ese 4,9% está en la franja alta de las administraciones que más ejecutan su Presupuesto por detrás de Cantabria, Madrid, Cataluña y Castilla León, según los datos del Ministerio de Hacienda. La media de inejecución presupuestaria en el total de las autonomías es del 8,4%, lo que supuso dejar 15.900 millones de euros en la caja en 2025 en el conjunto de las administraciones autonómicas.

Por capítulos, las partidas que menos realización presentan son las de inversión. En 2025, de los 372 millones que el Ejecutivo pretendía gastar en 'inversiones reales', solo se comprometieron 236, el 63% del total. Esta partida suele ser la que menos se ejecuta porque las iniciativas de nueva creación son las más expuestas a incidencias e imprevistos. La ejecución del Ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales, aun así, mejoró notablemente los datos del año anterior, cuando ese 63% de ejecución se quedó en el 42%.

El otro capítulo que reúne las inversiones del Gobierno vasco es el de las transferencias de capital. Se refiere al dinero que el Ejecutivo destina a otras sociedades, en su mayoría las entidades públicas que tiene bajo su tutela. Son, por ejemplo, el Ente Vasco de la Energía (EVE), la sociedad de promoción industrial SPRI o las encargadas de la promoción de vivienda y los transportes públicos, como VISESA o Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. Ese dinero que reciben sirve en gran medida, además de para compensar las pérdidas, para financiar inversiones. En total tenía asignado el año pasado 1.595 millones y se gastaron 1.289, el 81%.

Y hasta ahí llega la información. Pasemos ahora a la Opinión.

De saque, el Gobierno vasco se dejó 810 millones sin gastar el año pasado, el 5% del Presupuesto. Ese dinero alimenta la tesorería de la caja del Ejecutivo al cierre de un ejercicio que dibujó un superávit en las cuentas de 168 millones.

Todo esto es en claro ejemplo de una mala gestión. Una administración pública, sea un Ayuntamiento, diputaciones forales o el Gobierno, si tiene superávit, es decir, si lo tiene por no ha ejecutado su presupuesto, significa que ha hecho una mala gestión del mismo.

Que te sobre el dinero no significa que seas ahorrador. En absoluto. Significa que eres un mal gestor. Quienes tienen que ahorrar, si pueden, son los ciudadanos y no las Administraciones.