En un artículo publicado por Noticias de Navarra (Grupo Noticias) firmado por Pablo Lorente Zapatería y Mikel Saralegi Otsakar (miembros de la fundación Sustrai Erakuntza), podemos leer que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra tumba la concesión de explotación de Mina Muga promovida por Geoalcali.
Así dio la razón a la demanda de Ecologistas en Acción y la Fundación Sustrai Erakuntza, y apoyada por la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón.
A la sentencia le siguió el comportamiento bochornoso de la presidenta Chivite, del consejero Irujo y de alcaldes para expresar a Geoalcali, por enésima vez “todo su compromiso con el proyecto, subrayando su potencial como motor de desarrollo económico y social”. Y en eso, llegaron Cerdán, Servinabar y Acciona.
El fondo del asunto siempre es el mismo: el territorio y sus recursos son una mercancía más, codiciada por quienes buscan el beneficio privado, directo o indirecto, bajo la cobertura de una estructura legal y administrativa que lo ampara. La gestión de proyectos con fuerte impacto ecológico y social está plagada de sombras. La fachada legal de estudio, análisis, participación, informes, alegaciones y recursos… oculta multitud de ángulos ciegos en todos los niveles administrativos. Son muchas las manos que sostienen el velo que encubre los tejemanejes del favoritismo, el soborno, la corrupción, las puertas giratorias, los sobrecostes...
Si alguien piensa que Geoalcali es una empresa con experiencia minera, se equivoca. No han metido el pico y la pala en ningún lugar. Se fundó en Salamanca en 2011, con un capital social de 3.000€ y en 2015 amplía su capital en 1,5 millón de euros. Su única habilidad ha sido hacerse con derechos mineros de la potasa, introducirse en la bolsa australiana a través de Highfield Resources y cotizar en base a expectativas, anuncios y autorizaciones para Mina Muga para incrementar el valor del proyecto. Las compras y ventas de acciones de sus promotores dan pista de ello. Todo un ejemplo de economía real y productiva.
Con estos mimbres tan endebles, ¿Cómo es posible que diferentes representantes públicos afirmen que el proyecto es estratégico? Ahí están las declaraciones de Manu Ayerdi, Chivite… Hablar de estratégico o utilizar la figura del interés foral o de utilidad pública en otros proyectos resulta problemático. ¿Cómo, quién y porqué se determina que un proyecto goza de esta consideración? ¿Qué ocurre en el camino hasta su publicación en el BON? ¿Quién empuja, participa y se beneficia? De esta forma, a nuestras espaldas se mueven intereses políticos, empresas, figuras intermediarias, asesorías y personal técnico de la administración de alta confianza y responsabilidad...
Las cartas están marcadas. Si quien considera que un proyecto es estratégico y, al mismo tiempo, tiene que elaborar los distintos informes técnicos preceptivos y aprobar las autorizaciones ¿Qué garantías existen de que este proceso se lleve con total independencia? Ninguna. En la práctica supone proteger los proyectos con un escudo frente al control popular y poner las herramientas del interés general al servicio de intereses privados, sean económicos o políticos.
Podemos extraer estos ingredientes de las profundidades de Mina Muga. Las deficiencias en la tramitación del proyecto han sido tantas y de tal calibre que tan solo pueden provocar la desconfianza hacia la actuación de los responsables políticos y administrativos. Los motivos para detener el proyecto han sido innumerables. Sin embargo, el viento siempre ha soplado en favor de la empresa. Y toda demanda popular despreciada.
Ante la solicitud de evaluación conjunta del proyecto y la elaboración de una evaluación ambiental estratégica del conjunto, la respuesta ha sido inaudita. Una Declaración de Impacto habitual para resolver en pocos meses se fue alargando durante tres años por las múltiples oportunidades que la Administración daba al proyecto para subsanar sus graves deficiencias técnicas. De nada valían los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Ebro, del Instituto Geológico y Minero de España o del Instituto Geográfico Nacional al no evaluar las interacciones que podría tener la explotación minera sobre el embalse de Yesa.
¿Cómo pudo haber autorización a un proyecto que no ha sido capaz de resolver el problema para 4 millones de toneladas anuales de residuos? O, ¿Cómo es posible que Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra llegara a autorizar en 2022 el uso industrial a Mina Muga, en zonas clasificadas como suelo no urbanizable forestal de Sangüesa? Y aquí no pasa nada.
En esta trama, el papel de los ayuntamientos ha resultado cuestionable. Absolutamente rendidos a los cantos de sirena de la empresa, han llegado a pedir el incumplimiento de la sentencia judicial de paralización. Han demostrado su desprecio a las afecciones medioambientales, contaminantes y peligros para sus habitantes por sismicidad y hundimientos. También han legitimado la actividad “altruista” de Geolcali en forma de reparto de mascarillas, programas de salud, parques infantiles, promesas de puestos de trabajo… Pero los ángulos ciegos nos impiden ver más allá, y escuchar el contenido de sus contactos con la empresa y lobbystas.
Eso sí, la beligerancia de algún alcalde en la defensa del proyecto, en la negación a informar y debatir públicamente y en trato a favor en el uso del comunal quedarán en el recuerdo bajo el manto de la sospecha. Y por si fuera poco, la empresa y el sindicato UGT presionaron al ayuntamiento de Sangüesa en 2023 para conseguir una Licencia de obras en unos terrenos que no pertenecían a Geoalcali, haciéndoles responsables del fracaso del proyecto.
Ahora se ha hecho público que Santos Cerdán y compañía han estado enredados con este proyecto. Para la gente de la zona y las organizaciones medioambientales no ha sido una sorpresa. Lo visto en la tramitación de este proyecto insostenible hacía sospechar que nada era lo que aparentaba. Las actuaciones y mordidas en favor de empresas son la bocamina de un sistema corruptor, que defiende el interés superior privado sobre el de las mayorías sociales.
Eso sí, lo de Muga Mina valdría para un complejo urbanístico, una macrogranja, un macropolígono eólico, una cantera, una planta de tratamiento de residuos o para el Tren de Alta Velocidad. Y en esto no se puede decir que Navarra sea tierra de contrastes.
Y todo se va hilando: A la sentencia le siguió el comportamiento bochornoso de la presidenta Chivite, del consejero Irujo y de alcaldes para expresar a Geoalcali, por enésima vez “todo su compromiso con el proyecto, subrayando su potencial como motor de desarrollo económico y social”. Y en eso, llegaron Cerdán, Servinabar, Acciona y otros.
Con estos mimbres tan endebles, ¿Cómo es posible que diferentes representantes públicos afirmen que el proyecto es estratégico? Ahí están las declaraciones de Manu Ayerdi, Chivite… Hablar de estratégico o utilizar la figura del interés foral o de utilidad pública en otros proyectos resulta problemático. ¿Cómo, quién y porqué se determina que un proyecto goza de esta consideración? ¿Qué ocurre en el camino hasta su publicación en el BON? ¿Quién empuja, participa y se beneficia? De esta forma, a nuestras espaldas se mueven intereses políticos, empresas, figuras intermediarias, asesorías y personal técnico de la Administración de alta confianza y responsabilidad.
Las cartas están marcadas. Si quien considera que un proyecto es estratégico y, al mismo tiempo, tiene que elaborar los distintos informes técnicos preceptivos y aprobar las autorizaciones ¿Qué garantías existen de que este proceso se lleve con total independencia? Ninguna.
En esta trama, el papel de los ayuntamientos ha resultado cuestionable. Absolutamente rendidos a los cantos de sirena de la empresa, han llegado a pedir el incumplimiento de la sentencia judicial de paralización. Eso sí, lo de Muga Mina valdría para un complejo urbanístico, una macrogranja, un macropolígono eólico, una cantera, una planta de tratamiento de residuos o para el Tren de Alta Velocidad.
Para no alargarnos mucho, mañana seguimos hilando cositas con Cerdán, Servinabar, y el resto de la banda, pero, ciertamente, este tipo de gentes son las que no vivieron la escisión y no saben (o no quieren saber) el rechazo que tienen entre la afiliación jeltzale. Lamentable.
Adelanto del artículo de mañana:
Un editor vinculado al PNV se alió con el presunto socio de Cerdán en Nafarroa. Iñaki Alzaga y Antxon Alonso lograron 3,1 millones de Uxue Barkos con una firma sin empleados que facturaba 2.200 euros al año, que incumplía los requisitos de solvencia económica y técnica.
El empresario Antxon Alonso mantuvo cuatro reuniones con el Gobierno navarro poco después de constituirse en 2023. Fue como representante de Acciona y de Forestalia, no de Servinabar 2000, y estuvo con el vicepresidente socialista Félix Taberna y con José María Aierdi, de Geroa Bai.
Y la pregunta no puede ser otra: ¿Qué coño sigue haciendo el PNV -con la sigla que sea- en el Gobierno de Nafarroa? A ver si voy a ser el único que no tiene una pinza en la nariz para poder detectar un Gobierno que huele más a corrupción que a cualquier otra cosa.
