EL DEDITO... EL DEDITO !!!

La comidilla política de ayer (al margen de la sorna con la implementada y, ya famosa, pose del dedito) fueron las declaraciones del Lehendakari Pradales sobre que un condenado por corrupción gestione 10,7 millones de euros en ayudas: “Esto es algo que ocurre”. No creo que sea la mejor manera de tratar el asunto aunque le voy a dar la razón cuando, asegura que el Gobierno “no tiene nada que decir” sobre la designación de Alfonso Arriola para tramitar unas subvenciones forestales porque es un funcionario que ha obtenido una plaza por concurso, pese a que fue condenado en firme por corrupción.

En efecto, en esta ocasión no es un nombramiento de designación política o de confianza ya que se trata de un alto funcionario que ha cumplido con la Justicia y que, en su día, sacó una plaza por oposición por lo que, ciertamente, poco o nada que decir.

Pero es que el río baja revuelto con tanto nombramiento de asesores. Ayer hablábamos de Martiarena y Furundarena, como ejemplos de esta práctica. Como contábamos, el cese-nombramiento de Miren Martiarena y el asunto sobre las incompatibilidades es especialmente icónico no porque se trate de algo ilegal, que no lo es,  sino porque pone de manifiesto una praxis de dudosa aceptación por parte de la Ciudadanía, que, en su mayoría, compone el Cuerpo Electoral.

En realidad, la razón de las mencionadas  incompatibilidades es evitar la interferencia entre cargos públicos y cargos internos, es decir, que un Burukide no pueda tomar decisiones para favorecer al Departamento en el que trabaja o, por el contrario, que un Departamento no pueda tomar decisiones para no molestar o favorecer  a un Burukide.La regla de oro para saber si alguien es o no cargo público es que su nombramiento deba de aparecer en el Boletín Oficial, ya sea en el del País Vasco (BOPV), o el de las Diputaciones forales (BOTHA, BOB, BOG, o BON, en el caso de Nafarroa). La decisión de que los asesores no se consideren cargos públicos incumple dos principios: 

El primero, el de incompatibilidad entre cargo publico e interno. Y, el segundo, el de que los burukides no pueden ser liberados del propio Partido... todo ello hasta el limite del 40%, así que estamos ante un claro fraude de los Estatutos Nacionales de EAJ-PNV. Así, como suena... Y no suena nada bien.